Informe. Crece el drama de los desalojos de viviendas de interés social en Cali

Imagen de uno de los tantos desalojos de viviendas ocurridos en el Distrito de Aguablanca de Cali.

El martillo que destruye los sueños

Por José Reinelio Sepúlveda Meek (*)

El panorama de la vivienda de interés social en Cali resultaría de mayor atención si el Gobierno Municipal consultara a la Rama Judicial sobre los procesos ejecutivos hipotecarios fallados y en trámite, promovidos desde el año 1995 hasta la fecha por el sector bancario de la ciudad, contra propietarios morosos. Se darían cuenta de la magnitud de la situación frustrante que hoy padecen familias caleñas de estratos 0, 1, 2 y 3 de haber perdido sus viviendas mediante la modalidad del martillo de remate, en cumplimiento de una orden judicial, a causa de la mora de cuotas atrasadas del crédito hipotecario otorgado por la entidad financiera.

En términos coloquiales, el sector bancario a cuenta de la administración de justicia logró recuperar legalmente su dinero y por supuesto su inversión. Pero es un secreto a vox pópuli que adjunto a la acción judicial durante el trámite de las pujas del remate del inmueble, se colgaron también los subsidios de vivienda que en su momento otorgó el Estado, las cuotas iniciales pagadas al crédito hipotecario, las mejoras construidas al inmueble con recursos de anticipos de cesantías o préstamos gota a gota, las prestaciones sociales invertidas, las cuotas canceladas durante la hipoteca, el patrimonio de familia constituido y lo peor la desocupación forzada del inmueble por parte de niños, adultos en edad avanzada, padres, madres, perros y gatos todo en cumplimiento de la orden judicial del desalojo mediante la acción violenta de la fuerza pública  policial, inspectores, jueces, auxiliares de la justicia y hasta cerrajeros.

Según información del Gobierno Nacional en las dos últimas décadas se aprobaron, autorizaron y entregaron más de 620 mil millones de pesos en subsidios de vivienda de interés social de los cuales un porcentaje importante de esos subsidios seguramente retornaron a las arcas del sector financiero a costa de las acciones judiciales adelantadas. Muchas viviendas no tuvieron fin al remate judicial dado que fueron entregadas en dación en pago por los deudores  hipotecarios, pero si dieron su destino  final a publicitadas bodegas inmobiliarias que las entidades bancarias con acompañamiento del Estado promocionaron a lo largo y ancho del país para su venta en subasta pública obteniendo jugosas ganancias, sin subsidio y a intereses del mercado hipotecario. En palabras sueltas, los deudores hipotecarios de interés social quienes habían perdido sus viviendas son ahora propietarios de vivienda  usadas ya con la modalidad de créditos hipotecarios a tasas desproporcionadas a los ingresos familiares de estratos 2 y 3.

El mercado rentable de los activos inmobiliarios de interés social no solamente fue ganancioso para la banca, la pirinola de todos ganan también apuntó a entidades financieras particulares “agiotista” que con préstamos en intereses abusivos aprovechándose de las necesidades de los decapitados deudores hipotecarios e hicieron su agosto amasando grandes capitales inmobiliarios en asocio de inversionistas y funcionarios públicos tramposos que capeando en la puja del remate en el propio recinto judicial fantasearon su negocio redondo a cuesta de la impotencia de familias colombianas en condiciones de iliquidez, pobreza, exclusión, marginalidad y completamente desprotegidas del Estado. Resulta ser un reto trascendental para los organismos de control y vigilancia, además de oportuno señalarlo a la defensoría del pueblo, la procuraduría, contraloría y la personería municipal  de Cali principalmente, que más allá del Twitter y Facebook, para que las soluciones a los problemas de la sociedad caleña pasen de las realidades virtuales a las realidades humanas, que sus funciones  constitucionales y legales los obliga a protagonizarlas en los estrados judiciales y no en las redes sociales. Las heridas sociales que padecen los damnificados de los créditos bancarios hipotecarios para vivienda de interés social están abiertas, duelen y son reales.

(*) Director de la Fundación Ciudad Visible.