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| Aspecto de la movilización campesina iniciada a finales del mes de mayo de 2016 en Colombia y que se prolongó durante parte del mes de junio. (Foto: laboyanos.com). |
Por Alberto Ramos
Garbiras (*)
Ante la cadena de marchas y protestas durante el paro agrario en junio
2016, promovido por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular,
llevado a cabo en las carreteras de 21 departamentos, con 37 puntos de
obstrucción, y la participación de más de 65.000 manifestantes, apareció un
calificativo a manera de eufemismo para referirse a los bloqueos y reprimir o
dispersarlos, se llamó concentración de personas, como
si se tratara de un accidente o un caso fortuito que obstaculiza la vía, sin
reconocer que se trataba de una protesta social por incumplimiento de pactos
para la inversión agraria y mejoramiento del campo colombiano.
Esta protesta social multiplicada en 37 zonas del país obedece a la
cohesión de la Cumbre Agraria porque fue un llamado o convocatoria de una
organización plural de 13 organizaciones sociales para que salieran en
diferentes puntos de Colombia. Los camioneros no hacen parte de un movimiento
social, son un sector social, los identifica solo lo relacionado con el gremio
al que pertenecen por el tipo de trabajo que realizan, pero aprovecharon la
coyuntura e ingresaron al paro en un momento oportuno para ellos presionar. Los
linderos y características entre movimientos sociales y sectores sociales
permiten generar más criterios para diferenciarlos, porque no se trata de lucha
de clases sino de miembros de unos estratos que tienen afinidades por el oficio,
pero que se identifican transitoriamente con los reclamos de los movimientos
sociales.
A la presión popular campesina, indígena y afrodescendiente no puede
mirársele como de inspiración guerrillera porque las dos guerrillas fuertes
están en proceso de diálogo con el Gobierno (las Farc), o a punto de
concretarlo (el ELN); esta fue una protesta donde el eco de los diálogos si
influyó porque el “arreglo” sobre lo agrario tiene incidencia de cara al
devenir diario y a lo que sucederá en el postconflicto para llegar a una
normalización de la vida rural alterada por la violencia de más de medio siglo
sin llegarse a una reforma agraria integral.
La agitación social de la pluriculturalidad colombiana (campesinos,
indígenas, afrodescendientes…) nos muestra las convulsiones que vendrán dentro
del postconflicto y que durarán el tiempo que requiera la reconstrucción de la
sociedad y el establecimiento de los derechos sociales, culturales y económicos
no practicados dentro del Estado Social de Derecho a causa de la extensión del
neoliberalismo en las prácticas agrícolas.
No se puede uno imaginar el escenario del postconflicto sin protestas
sociales. Lo queremos imaginar sin guerra interna, con los actores políticos
armados que se desmovilicen (y el Estado controlando o reduciendo la violencia
generada por la delincuencia común), para de esta forma ir reconstruyendo la
nueva sociedad. Pero un período de postconflicto puede durar 15 o 20 años
porque será un período de transición: económico, institucional, jurídico,
político, etc. En los primeros años de la transición las protestas sociales se
mantendrán y aparecerán otras porque si se trata de construir una nueva
sociedad, estas formas de expresión son las que le quedan a quienes no van a
utilizar la violencia para hacerse sentir.
Al reducirse la violencia política armada, quienes hagan actividad o
activismo político sin violencia buscan canalizar los reclamos no oídos ni
resueltos a través de las protestas o la resistencia civil verdadera porque
toman otro camino para agitar los reclamos, los derechos de petición, las
reuniones, el diálogo para intentar la concertación, etc. La democracia tiene
canales de reclamación, presión y control. Los partidos lo hacen a través de la
oposición en los cuerpos colegiados (el Congreso, las asambleas departamentales,
los concejos); los pensadores de prestigio o figuras nacionales, a través del
disenso; y la población en general sin contacto con esas figuras de
representación o de renombre, después de haber agotado los trámites
administrativos de reclamación, los mecanismos de participación frustrados o
las veedurías ciudadanas desatendidas, lo hace a través de las marchas
callejeras, los plantones, los paros, o la resistencia civil originaria, no
impostada. Y los sindicatos por medio de las huelgas.
Al iniciarse el postconflicto, así
sea por la dejación de las armas y el cese al fuego definitivo con una sola
guerrilla, la reconstrucción social de Colombia requiere del reconocimiento a
los movimientos sociales y a la pluriculturalidad. Nadie va a agenciar
las necesidades de ellos y sus afugias, ni los partidos políticos, ni los
gremios, sólo ellos: los movimientos sociales y los sectores sociales como
grupos poblacionales que también requieren atención para avanzar en los logros
de un verdadero Estado Social de Derecho. Cada movimiento social a su vez representa intereses
específicos, inevitable será tratarlos con esas características, pero la
ventaja ahora es la existencia del Decreto que reconoció a la Cumbre
Agraria, Campesina, Étnica y Popular para visionar y tratar el grueso de temas
a ventilarse en el desarrollo del postconflicto.
Los contenidos delas reclamaciones de los líderes del Paro Agrario son los
mismos que se expusieron en el año 2013, y son el complemento de lo pactado
entre el Gobierno y las Farc-EP en el primer punto de la agenda de paz, pero
con la visión de los movimientos sociales que integran la Cumbre Agraria para
esos movimientos. Alejandro Reyes Posada expone que “Los campesinos, en cambio, no tienen un interlocutor que pueda concertar
con ellos las políticas que podrían cambiar la situación, sencillamente porque
el Gobierno, en los últimos tres años, abandonó el propósito de preparar los
instrumentos de política necesarios para hacer la reforma rural. La Cumbre
Agraria pide un ordenamiento territorial de la propiedad que proteja el medio
ambiente de la minería predatoria, asegure la tenencia campesina, recupere la
vocación de los baldíos para sus ocupantes campesinos, cree las zonas de
reserva campesina y formalice la pequeña propiedad familiar”[1] (Reyes, 2016).
Los movimientos sociales que componen la Cumbre de la Mesa Única Nacional
no deben ser reprimidos ni criminalizados ni estigmatizados, sino regulados y
atendidos, porque criminalizar la protesta social es arrojarlos a otras
formas de reclamación que en distintas épocas ha llevado a la reacción extrema
del uso de las armas. Sería volver a los orígenes de la violencia en varias de
sus fases desde 1946 que se desenvolvieron en períodos de represión y
confrontación y otras formas armadas hasta llegar a los actores armados de
diferente denominación. La negociación en La Habana con las Farc-EP y la
que se haga en Ecuador con el ELN no quiere decir negociación con los
movimientos sociales que son civiles de la pluriculturalidad no armados y
ligados a áreas productivas y también víctimas de la guerra interna
prolongada.
El postconflicto requiere de la
ampliación de la democracia para encontrar formas directas, viables, expeditas
donde se tramiten las reclamaciones y se hagan efectivas, evitando así la
violencia, las exclusiones y la burla a la justicia social. Lo que está en crisis
también son los mecanismos de participación del artículo 103 de la Constitución
y las talanqueras que creó la Ley 134 de 1994: Los movimientos sociales no
creen ya en los formulismos y la sofisticación de estos mecanismos, en un 65%
inanes e infructuosos. Además, los partidos políticos no abogan de
lleno por ellos, podrán invocar la problemática, pero los movimientos sociales
no creen en los partidos políticos tradicionales ni en lo que han aparecido
como transmutación o mezcla de los tradicionales. Además, la falta de
coherencia y comportamiento sin disciplina ideológica ni de bancadas les
produce escepticismo y desconfianza.
Dos movimientos sociales con pasado y tradición en Colombia también tendrán
otras formas más rigurosas de exigir dentro del posconflicto: el movimiento
estudiantil y el movimiento ambiental. Ambos, por separado, reclaman desde hace
varias décadas derechos de la Carta Constitucional, hoy parte del estado
social de derecho. Dentro de los derechos sociales y culturales está la
educación, angostada por los precios altos de la educación elitizada y manejada
por colegios y universidades privadas sin la regulación debida. En Chille el
movimiento estudiantil reclama educación gratuita.
Y los ambientalistas en Colombia conforman un movimiento social disperso
que se ha expresado a través de varias ONG, fundaciones ambientales
manipuladas, marchas, veedurías, protestas y transversalmente desde otros
movimientos y sectores que ven cómo la depredación de los recursos naturales
está afectando la calidad de vida por las fumigaciones, la tala de nacionales y
extranjeros, la falta de autoridad ambiental, un sistema nacional, Sina, sin
articulación, los vertimientos de aguas residuales incumplidos por los mismos
municipios y en la etapa final la minería criminal que está destruyendo la faja
lateral de los ríos, ecosistemas, páramos y afectando acueductos municipales.
Todo esto daña la calidad de vida en el campo y las ciudades. El movimiento
social ambiental reclama el respeto de los derechos colectivos y del
medioambiente.
(*) Abogado con
especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Libre
Seccional Cali; magíster en Ciencia Política de la Universidad Javeriana; PhD, doctorado
en Política Latinoamericana de la Universidad Nacional de Madrid, Uned, España.
Ha sido profesor de las asignaturas Ciencia
Política, Derecho Internacional y Derecho Constitucional en la
Universidad Libre.
Cali, domingo 25 de
junio de 2016.
[1] Reyes Posada Alejandro. “El paro
agrario y la preparación de la paz”. Columna de prensa publicada en
el diario El espectador, sección editorial Bogotá, junio 5 de 2016.
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