jueves, 25 de febrero de 2016

Opinión. Crisis en la capital del Valle del Cauca por cortes de agua


Cali no es viable si no se respeta el suelo rural

Por Alberto Ramos Garbiras (*)
En la ciudad de Cali, durante los últimos siete años, la gente que recibe agua distribuida desde la planta de tratamiento del río Cauca ya sabía que la suspensión del servicio sobrevenía, por alta turbiedad o por empalizadas, ambas debido a fuertes lluvias o intensas precipitaciones que obstruían el trabajo en las bocatomas. Turbiedad por el arrastre de tierra hacia el río, desde los tributarios, debido al aflojamiento de los suelos despradizados, o por tugurización, intervenciones agrícolas con incuria. Y empalizadas por talas sin control en las microcuencas, que arrastraban los restos de la arborización hacia el cauce.

Pero la ciudadanía del otro lado, al de los barrios de ladera beneficiados siempre por los acueductos que captan las aguas del río Cali y del río Meléndez, creyó que los cortes de agua no eran con ellos. Y sobrevino la tragedia. El servicio público de agua se vio interrumpido súbitamente desde el año pasado, entrando la planta de San Antonio a cerrar la salida del agua. El río Meléndez en el año 2014 había tenido problemas para el suministro desde la planta de La Reforma para los barrios de las comunas 18 y 20, y se acudió a carrotanques, como si se tratara de un estado de sitio, o de un flagelo por la guerra, o de un país del cuerno africano.

Y los barrios beneficiados por San Antonio (de la Calle Quinta a la Avenida Sexta, entre la Plaza de Toros y La Flora), vieron abruptamente cortado el servicio en agosto y septiembre del año 2015. Y sigue en todos los días de 2016. La gente se pregunta: “¿Y Emcali nos cobra lo mismo como si no hubieran quitado el agua por largas horas?”

La respuesta de los tecnócratas de Emcali es cierta, pero abstracta: “Se debe al Fenómeno de El Niño y a la sequía”. Cierto parcialmente, porque el fenómeno de El Niño, dentro de la variabilidad climática del calentamiento global, no es culpable de la tala en vastas áreas del Parque Natural los Farallones; el Fenómeno de El Niño no es culpable de las invasiones ni de las construcciones formales en fincas y loteos nuevos que hacen derivaciones de agua con acequias y mangueras a los caudales; de la agricultura intensiva o para el pastoreo de ganado, para lo cual desmontan bosques naturales y  desprotegen  más de 1.200 nacimientos de agua: Y el Fenómeno de El Niño no es culpable de la minería ilegal incontrolada que desvía cauces de vertientes hídricas y contamina las aguas.

Los cortes de agua en barrios de ladera son el resultado  también de la improvidencia en el manejo de los recursos naturales renovables, de la ingobernabilidad de los suelos y de las aguas y de la falta de planes de manejo de las cuencas de los ríos Cali y Meléndez que no hizo el señor Oscar Libardo Campo. Para que tengamos agua sin cortes y Cali sea viable otros 480 años (Cali fue fundada en 1536), es necesario parar o impedir  todas estas actuaciones en el Parque Natural los Farallones, evitar más loteos, negocios de tierras y restablecer los bosques.

En los últimos días, Emcali anunció dos horas más de cortes de agua para 73 barrios de Cali, desde las 8 p.m. hasta las 5 a.m.: esta es una muestra irrefutable del atraso. En las circunstancias actuales de desabastecimiento de los acueductos de ladera en Cali, la política pública de aguas del alcalde Armitage (quien recibió en esta materia un municipio en estado calamitoso), debe ocupar  el primer lugar en la agenda y liderar los esfuerzos de concertación de actividades entre todas las autoridades con competencias y obligaciones para hacer valer el Sina o Sistema Nacional Ambiental (Ley 99 de 1993) y el Sistema de Gestión del Riesgo (Ley 1523 del 2012).

Las autoridades ambientales deben hacer cumplir a los particulares y los organismos de control vigilar a las autoridades públicas. Los dos sistemas nacionales no están funcionando. Hacerlos efectivos es la parte básica de una política pública municipal para el manejo del agua. E imponer la función ecológica de la propiedad privada que contempla el artículo 58 de la Constitución Política. Al leer los artículos 8 y 95, numeral 8, de la Constitución colombiana, cualquiera comprende que la conservación de las riquezas naturales es una obligación del Estado y de todas las personas, pero que la desidia de los entes estatales y el incumplimiento de las personas ha llevado a este caos de ingobernabilidad hídrica.

Que los funcionarios con obligaciones ambientales salgan de los escritorios y recorran las microcuencas de los ríos abastecedores de los acueductos, tanto veredales como municipales, para que constaten el deterioro de los suelos, la falta de instrumentos de planeación, las concesiones desaforadas de agua, la clandestinidad  de su uso con acequias, zanjones, trinchos y mangueras. Hay que frenar todas esas violaciones para poder aumentar los caudales y darle cumplimiento al uso prioritario del agua para consumo humano, sobre los otros usos.

Hay que recuperar el tiempo perdido en estos últimos doce años sin acciones de adecuación al cambio climático, y empezar a reforestar en serio y para la tala de los bosques. Siguen bajando camiones cargados de madera, ¿y los retenes dónde están? Como se torna casi imposible hacer desalojar a los habitantes del Parque Natural los Farallones, lo que sí se puede hacer ya es frenar las nuevas parcelaciones, bloquear más construcciones de casas-fincas que se instalan pata talar, devastar, potrerizar, cultivar y diseñar más derivaciones para obtener agua.

Cali no es viable si no se respeta el suelo rural, de allí proviene el agua. Y la huella ecológica está totalmente alterada porque las zonas rurales han sido ocupadas indebidamente en detrimento de la vida urbana. Es inconcebible que tengamos más de 1.200 nacimientos de agua en el Parque los Farallones y no podamos conservarlos para captar las aguas y reconducirlas a los afluentes tributarios, a los ríos principales, o a reservorios y ensenadas, para que no se pierdan. Todo esto, sin narrar la inmensa contaminación que sufre el río Cauca. (En otros artículos me he referido a ello y en mi libro Aguas y Derechos, también).

Si todo sigue a este ritmo de depredación, más adelante no serán cortes de agua por horas, habrá que desocupar la ciudad. Ya muchos se han ido para Jamundí y Palmira. Mientras tanto, seguimos esperando que la ONU ponga de acuerdo a  los estados del planeta tierra para combatir el calentamiento global, evitando la lluvia ácida, si se disminuye el uso de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas).

(*) PhD en política latinoamericana de Universidad Nacional, Uned, de Madrid. Ex Procurador Ambiental y Agrario del Valle del Cauca. Profesor de derecho ambiental en la Universidad Libre de Cali.

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