Denuncia de la Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social

Sin importar la presencia de niños, mujeres y ancianos, el escuadrón Esmad de la Policía ha realizado violentos desalojos de las personas residentes cerca del jarillón del río Cauca a punta de gases lacrimógenos. (Foto: Juan Bautista).

Abusos de la Alcaldía y la Policía en desalojos en el jarillón del río Cauca

Por Luz Betty Jiménez de Borrero y Pablo A. Borrero V.

Una nueva protesta con ocupación de La Ermita para hacerse escuchar de un gobierno sordo ante los reclamos de los caleños, es la respuesta de un grupo de personas a quienes se les pretende desalojar de sus viviendas por la fuerza. Esta vez son los ocupantes del Jarillón del Rio Cauca quienes ante la inminencia de su desalojo por parte de las autoridades, solo encontraron refugio en una iglesia como alternativa para visibilizar su problemática y hacerse oír.

Estas personas no desconocen el riesgo que conlleva el vivir a la orilla del Rio Cauca siendo conscientes de la necesidad y urgencia de su reubicación con todo lo que tal hecho implica lo cual no puede limitarse a la solución facilista de construir apartamentos para vivienda de interés prioritario, estrechos, a los cuales se les lleva, sin tener en cuenta que en su actual hábitat muchas familias tienen unidades productivas de las que derivan su sustento diario las que no pueden ser trasladadas a las nuevas viviendas.

Simultáneamente con este hecho, el Concejo Municipal estudia el proyecto de acuerdo 103 por medio del cual se autorizan vigencias futuras extraordinarias por valor de Noventa y seis mil cuatrocientos catorce millones de pesos ($96.414.000.000), para los años 2016, 2017 y 2018  con el propósito de financiar la construcción de la infraestructura de reforzamiento del jarillon del Rio Cauca, Rio Cali y Canal interceptor de la carrera 50 con la correspondiente gestión social, tal como aparece en el título, proyecto que debe ser estudiado con cuidado ya que es mucho el dinero de los caleños el que está en juego y que bien gestionado pudiera alcanzar para satisfacer otras necesidades urgentes de la ciudad y de sus habitantes.

El proyecto presentado por el gobierno local se limitó a mostrar el cumplimiento de las exigencias formales tales como la declaratoria de importancia estratégica, la no afectación actual de la capacidad de endeudamiento del municipio, el cumplimiento con las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo, etc. Sin embargo, aspectos importantes como conocer exactamente el número total de familias que deben ser reubicadas con especificación de su actividad económica-laboral, menores de edad, adultos mayores que viven en el sector, etc., no aparecen en el citado proyecto.

Es equivocado pretender trasladar a un mini apartamento a las  personas o familias que tienen una actividad económica relacionada con el campo, ya que por lo reducido del área solo pueden dormir y habitarlo. Existiendo tanta tierra ejidal en Cali es inaceptable que las propuestas de solución no hubieran mirado alternativas diferentes como pudieran ser las casas-parcelas y de esta manera también encontrar solución a la seguridad alimentaria de las familias.

Lo cierto es que el alcalde que se elija en octubre encontrará comprometidos los presupuestos con tantas vigencias futuras excepcionales aprobadas por el concejo municipal, de manera que su margen de acción estará muy limitada para desarrollar su plan de desarrollo acorde con su programa de gobierno, a no ser que se le impongan mayores tasas contributivas a los caleños a lo que deben estar vigilantes. Igualmente encontrará costosas obras que sobrepasaron el valor calculado sin tener buena calidad en los elementos utilizados en su construcción ni en los acabados como sucede con la Plazoleta del Correo en la que se gastaron dos mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos ($2.450.000.000) y aún no está totalmente acabada porque ni los árboles que cortaron han sido reemplazados.

Esta es una remodelación de cemento y sobre costosa como la plazoleta de la caleñidad hoy Jairo Varela que no pueden ser utilizadas por los transeúntes para el descanso y solaz y para el reencuentro porque el sol inclemente ó la lluvia no lo permiten.

En este caso los verdaderos beneficiarios con las obras son los constructores y las cementeras que además premian a los arquitectos e ingenieros por construir obras donde el cemento es lo destacable, mientras tanto los presuntos “beneficiados” que para el caso del Jarillón del rio Cauca son las familias a reubicar sufren el desalojo y el abuso de las autoridades que no tuvieron en cuenta las condiciones en que viven las personas quienes no podrán habitar los mini apartamentos sino sobre la base de tener que renunciar a su actividad productiva de la cual derivan su sustento, ya que hasta tanto se les capacite para desarrollar otras actividades, se les dispensen créditos para micro empresas, pasará mucho tiempo antes de que puedan obtener los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades, pagar servicios públicos, transporte, etc.

Siendo la obra del jarillón del río Cauca un proyecto necesario para la ciudad, su mala planificación no solo podrá generar sobrecostos sino que ha traído como consecuencia un grave problema social derivado de los abusos de la administración municipal y de la fuerza pública que atenta contra la convivencia social y el espíritu de paz con justicia social que deben mantenerse en la ciudad como fundamento mismo de la solidaridad entre todos los caleños y  el gobierno de la ciudad.

Cali, sábado 13 de junio de 2015.

Habitantes del jarillón del río Cauca que fueron desalojados violentamente por la Policía y la Alcaldía de Cali, decidieron hacer una toma pacífica de La Ermita como señal de protesta. (Foto tomada de elpais.com.co).