“Sembrando dignidad, labrando esperanza y
cosechando país”
Ante
el reiterado incumplimiento del gobierno nacional frente a la palabra y los
compromisos adquiridos para levantar el paro agrario del año pasado, la
decisión de la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular es la de volver al
paro nacional agrario, cuya hora cero dependerá de la respuesta gubernamental.
La Cumbre extiende un plazo al gobierno hasta la primera semana de mayo.
Por convocatoria de la Mesa de
Interlocución Agraria, MIA; la Marcha
Patriótica; el Coordinador Nacional Agrario, CNA; el Congreso de los Pueblos;
el Proceso de Comunidades Negras, PCN; la Mesa de Unidad Agraria, MUA; la
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, Comosoc; la
Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic; el Movimiento por la
Constituyente Popular, MCP; la Federación Nacional Sindical Unitaria
Agropecuaria, Fensuagro; la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc,
y la Asociación Campesina Popular, se realizó en la ciudad de Bogotá, del 15 al
17 de marzo, la Cumbra Agraria: Campesina, Étnica y Popular. La Cumbre reunió a
30.000 personas provenientes de todas las regiones del país.
La Cumbre es un proceso que ha venido
construyéndose a partir de los paros agrarios e indígenas del 2013,
movilizaciones que cobraron la vida de 19 compañeros, otros 600 resultaron
heridos y decenas fueron detenidos y encarcelados. El gobierno nacional se
sentó a concertar una serie de pliegos y acuerdos en mesas de interlocución y
negociación. La Cumbre nace porque después de esta “rebelión de las ruanas, los
ponchos y bastones” que suscitó el más amplio respaldo nacional e
internacional, el presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con las élites
agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al movimiento
agrario de las definiciones y medidas a adoptar en materia de política agraria
nacional.
La Cumbre realizó un balance del
incumplimiento del gobierno nacional ante los compromisos adquiridos, los
pliegos y acuerdos firmados; avanzó en el proceso de unidad del movimiento
agrario en Colombia y desde éste; definió una ruta unificada de la movilización
y mecanismos para una negociación articulada y unitaria. La Cumbre definió los
caminos para enfrentar conjuntamente las nefastas políticas neoliberales
aplicadas por los gobiernos de turno y a sembrar dignidad, labrar esperanza y
cosechar un nuevo país desde las iniciativas de las organizaciones campesinas,
indígenas y afrodescendientes.
La Cumbre considera que mediante un
ejercicio de soberanía, debemos ser los pueblos y las comunidades quienes
ordenemos el territorio, definamos sus usos y las distintas maneras de
habitarlo. Este ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación
del medio ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las comunidades
agrarias para su pervivencia.
Nuestras propuestas territoriales
exigen el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y la defensa de
los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.
La reforma agraria integral sigue
siendo para nosotros la solución estructural para los problemas de acceso a la
tierra, formalización de la propiedad y desarrollo rural, con inversión social
y políticas públicas.
En este propósito es preciso detener el
modelo extractivista que concentra la propiedad de la tierra, la entrega a
empresas multinacionales, acaba con la economía campesina y destruye la vida.
La Cumbre propone un modelo económico
que garantice la pervivencia de los pueblos a través del fortalecimiento de las
economías campesinas, indígena, afrodescendientes y de los sectores populares.
La autonomía territorial es un factor determinante en la construcción de una
política económica y de producción de alimentos soberana. Para tal fin se debe
derogar la normatividad que permite el monopolio transnacional sobre las
semillas y el conocimiento ancestral.
El acceso a la riqueza
minero-energética conlleva al respeto por los bienes de la madre tierra, su
explotación debe ser una decisión consultada a las comunidades y desarrollada
como ejercicio de soberanía nacional.
El plantearnos una alternativa a los
cultivos de coca, amapola y marihuana, nos llama a rechazar el prohibicionismo
que admite tratamientos represivos, las fumigaciones indiscriminadas, la
erradicación forzada y el encarcelamiento de los cultivadores como solución.
Entendemos el reconocimiento de su uso tradicional, ancestral y los usos
alternativos. Proponemos programas de sustitución autónoma, gradual y
concertada, el impulso a los cultivos alternativos con garantías de
comercialización.
Para el pueblo colombiano es imperativo
conocer la verdad, complementarla con mecanismos de justicia y reparación; la
memoria histórica es un aporte importante para avanzar hacia la no repetición.
Las garantías políticas incluyen la no
criminalización y judicialización de la protesta social, el desmonte del fuero
penal militar. Se debe permitir la participación amplia, efectiva y con
carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de laa
políticas de producción agropecuaria y de desarrollo rural, teniendo en cuenta
las propuestas construidas por las comunidades de manera autónoma.
Los pueblos tenemos derecho a la vida
digna y a que se nos garanticen las condiciones materiales necesarias. Se debe
apropiar un presupuesto especial para garantizar la financiación de las
iniciativas territoriales, con mecanismos autónomos de ejecución.
El Estado debe reconocer que muchas de
las problemáticas que viven las ciudades son una consecuencia de la aplicación
de modelos económicos y de despojo en el sector rural.
El impulso a las economías agrarias y
populares tiene un soporte importante en el apoyo que reciba de los grandes
centros poblados, es necesario adelantar pactos entre las grandes capitales y
los municipios que le aportan los alimentos de la canasta familiar.
La solución política al conflicto
social y armado sigue siendo un anhelo de la sociedad en la búsqueda de la paz
con justicia social, por esa razón es fundamental y urgente, que se inicie un
proceso de diálogo con las insurgencias del ELN y el EPL. Respaldamos los
diálogos de La Habana entre el Gobierno y las Farc-EP. Resaltamos el papel que
debemos jugar las organizaciones y procesos como movimiento social con voz
propia. Los diálogos regionales son una herramienta importante para avanzar en
la construcción de la agenda social y política por la paz.
La Cumbre Agraria asume el impulso a un
gran movimiento social que trabaje por la paz como condiciones de vida y exija
garantías para la participación de la sociedad.
La Cumbre Agraria logró, por primera
vez en la historia de los movimientos sociales del país, construir un pliego
unitario de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas. El
pliego unitario representa las exigencias políticas, económicas, sociales,
ambientales, culturales y territoriales de comunidades históricamente
marginadas y excluidas, es un llamado de atención al gobierno nacional sobre la
urgencia de atender estructuralmente a un mundo rural que reclama ser sujeto de
derechos. La Cumbre propone también una mesa única de negociación, un escenario
que permita cualificar el nivel de interlocución, evitar la dilación y
dispersión gubernamental y lograr acuerdos ejecutables en el corto y mediano
plazo. La unidad alcanzada hoy es también la unidad de acción, contamos ahora
con una ruta de movilización social que haga exigibles y alcanzables los
derechos negados. La Cumbre y sus propuestas son una apuesta definitiva por el logro
de la paz. Una paz, que para ser estable y duradera requiere de ser construida
desde abajo, con nosotros y nosotras, una paz socialmente incluyente,
basada en la verdad, la justicia, la efectiva participación política y la
vigencia plena de los derechos humanos en los campos de Colombia.
La Cumbre es parte transitoria de un
proceso constituyente caminado de la mano de la Minga indígena, los congresos
de los pueblos, consejos territoriales del pueblo, los procesos constituyentes
por la paz con justicia social, los mecanismos de participación directa y la
autonomía que a diario ejercen las comunidades del campo y la ciudad que
reclaman ser reconocidas. El acuerdo político y social que edifique la paz
deberá ser la parte culminante de este proceso constituyente. La posibilidad de
un proceso de asamblea nacional constituyente está en el horizonte de reflexión
de la sociedad colombiana en su conjunto. Estamos construyendo una ruta propia
desde el movimiento popular para llegar a este momento. El camino hacia la paz,
requiere, mientras tanto, de un decidido y vigoroso movimiento social por la
paz, al cual convocamos a todos los sectores políticos y sociales del país. La
paz incluyente no se construye con “acuerdos de élites y corbatas” que
desconocen a los de poncho, a los de ruana, a los de azadón y machete, a los
sujetos políticos y sociales del campo y sus propuestas.
Ante el reiterado incumplimiento del
gobierno nacional frente a la palabra y los compromisos adquiridos para
levantar el paro agrario del año pasado, la decisión de la Cumbre Agraria:
Campesina, Étnica y Popular es la de volver al paro nacional agrario, cuya hora
cero dependerá de la respuesta gubernamental. La Cumbre extiende un plazo al
gobierno hasta la primera semana de mayo. A partir de este momento la Cumbre
bajará a los resguardos indígenas y a las veredas de los territorios afros y
campesinos, a las barriadas y organizaciones sociales de las ciudades, a los
sindicatos, a organizar los comités de paro y a convocar a todos los sectores
sociales y populares en conflicto para acordar una dinámica coordinada en
perspectiva de bloque popular.
Las propuestas del gobierno no son
soluciones. El Pacto Agrario es una repartija más de recursos públicos con
fines clientelares y electoreros. El gobierno nacional tiene la oportunidad
histórica de solucionar la crisis estructural del campo a partir de nuestras
propuestas recogidas en el pliego unitario, creemos en el diálogo social como
la ruta para alcanzar la justicia social y la anhelada paz estable y duradera
para Colombia. Nuestras propuestas están sobre la mesa, le queda la
responsabilidad histórica al gobierno de atenderlas.
Bogotá,
domingo 16 de marzo de 2014.
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