Guerra a la memoria:
2.863
sindicalistas asesinados
en 25 años
Desde su acostumbrada muletilla, el
vicepresidente Garzón coloca a los actores en el mismo plano a través de la
comunidad imaginada de “población trabajadora” y “población empresarial”,
descafeinando las contradicciones propias de las relaciones de poder
obrero-patronales, y en medio de un contexto normativo censurable a través de
políticas de flexibilización laboral y tercerización de las modalidades de
contratación inspiradas en la Ley 50 de 1990.
Por Carlos Victoria (*)
En el último cuarto de siglo en
Pereira fueron asesinados 21 sindicalistas. Ocurrió entre 1986 y 2011. Como
otras tantas víctimas de la violencia, estos hechos han quedado sepultados por
el olvido, y la impunidad. El Pnud, con el apoyo de ocho países, acaba de
publicar un completo estudio sobre el asesinato, desaparición, tortura y
secuestro de sindicalistas y trabajadores sindicalizados en Colombia.
Sus conclusiones y
recomendaciones son discutibles, lo importante es que en la lucha por la verdad
y la reparación los trabajadores colombianos ya no están solos. Y eso cuenta
para efecto de lo que sugiere el estudio: la no repetición por persecución,
estigmatización y victimización de la acción sindical en nuestro país.
Parecería una utopía, pero es una
apuesta a la que los demócratas no deben renunciar en un país donde las
múltiples violencias, y en especial contra los sindicatos y los
trabajadores, han sido una constante, como quiera que Colombia es el país donde
la actividad sindical resulta la más peligrosa en el mundo.
La violencia ejercida por agentes
del Estado, y la ilegalidad en su conjunto contra el sindicalismo, solo
corrobora una constante a través de la historia: recurrir a la
muerte como un mecanismo fácil para dirimir las diferencias (Jaramillo, 1995),
en lugar de apelar a los procedimientos de la democracia moderna, en términos
del debate, el pluralismo y los disensos entre el capital y el trabajo.
En teoría “el derecho puede servir
de barrera para que estos hechos nunca se repitan" (Wills, 2011), sobre
todo en Colombia, donde aún el sindicalismo no es un eje de democracia, en la
medida en que no hay voluntad ni coherencia entre lo que pregona el
gobierno y los hechos.
La historia del sindicalismo
colombiano está escrita por la sangre de las víctimas. Según el
estudio citado, en los últimos 25 años al menos 2.863 trabajadores fueron
asesinados. Los maestros y maestras encabezan las estadísticas. Le
siguen los trabajadores bananeros y petroleros.
El fenómeno se recrudeció tras el
fortalecimiento del paramilitarismos en los años 90. Si bien desde 2003 la
cifra de homicidio ha descendido, las amenazas y la violencia no letal no
cesan: “La violencia, más que marchar hacia su fin… ha
experimentado transformaciones en los últimos años”.
Aunque el propio Gobierno
reconoce que hizo poco para evitar lo que llama tragedia, a través del vicepresidente
Garzón subraya que el conflicto armado debe “acabarse a las buenas o a las
malas”, desde dos condiciones contradictorias: “desarmar la palabra” y el
“proceso de unidad nacional”.
Desde su acostumbrada muletilla
coloca a los actores en el mismo plano a través de la comunidad imaginada de
“población trabajadora” y “población empresarial”, descafeinando las
contradicciones propias de las relaciones de poder obrero-patronales, y en
medio de un contexto normativo censurable a través de políticas de
flexibilización laboral y tercerización de las modalidades de contratación
inspiradas en la Ley 50 de 1990.
El prejuicio de que todo
sindicalista es subversivo, idea propagada por funcionarios públicos, elites
empresariales y medios de comunicación, ha contribuido a generar un clima de
hostilidad y hasta de legitimidad social frente a la violación de los derechos
humanos.
Lo que en otras sociedades no es
otra cosa que una actividad tan legítima como otras tantas, en Colombia es
sinónimo de negatividad y acumulación oportunista de derechos. Aún hay voces
que señalan a los sindicatos del deterioro competitivo de las empresas, a
la vez que responsables de la pérdida de puntos del PIB.
“La negatividad de la
mirada sobre el sindicalismo que impregna todo el entorno, llega hasta los
eventuales autores de los hechos violentos contra sindicalistas”. Ante los jueces los autores materiales expresaron “la
convicción de lo dañino que consideraban sindicatos y huelgas para la
sociedad y el progreso”, dice el informe del Pnud.
¿Quién y por qué los
matan?
Estas preguntas guiaron la
investigación dirigida por el profesor Carlos Miguel Ortiz. No es difícil
hallar las respuestas. Desde el punto de vista conceptual, en Colombia se hace
evidente una modernidad sin modernización, y, lo que es peor, una idea de
democracia que ha excluido los derechos humanos como uno de sus pilares
fundamentales.
La asimetría entre derecho y
poder se ha zanjado desde la violencia, la exclusión y no propiamente desde el
debate razonado. Hoy Colombia experimenta una de las tasas más bajas de
sindicalización como resultado de la criminalización y la estigmatización del
derecho a la libre asociación. El miedo cunde. Los vacíos de
información acerca de los autores es una constante: 2.232 casos están sin
identificar, aunque los grupos paramilitares encabezan la lista.
…Empresas como Nestlé, Coca Cola y varias palmeras
y cementeras han tenido que registrar numerosos homicidios contra trabajadores
suyos afiliados a los sindicatos…, dice
el informe de las Naciones Unidas sobre Colombia.
Sobre los móviles, el estudio
contrasta diferentes fuentes. Por ejemplo, para la Comisión Colombiana de
Juristas, de 269 sentencias condenatorias, en el 40.52% el móvil del crimen fue
la “calificación de la víctima como subversivo por ejercer la actividad
sindical”, o “prejuicio insurgente”, como lo califica DeJusticia de la
Universidad Nacional.
El documento de Naciones Unidas,
con el apoyo de países como E.U., Noruega, Suecia, España y Canadá, entre
otros, señala que “será necesario emprender acciones que apunten a
ir cambiando… el imaginario negativo y el estereotipo de estigma que se activa
frente a la acción reivindicativa o de veeduría, de los sindicatos” en
Colombia.
La nueva derecha que irrumpe en
el concierto latinoamericano no quiere más sindicalistas asesinados. En el caso
colombiano promulga el 0 asesinato de trabajadores sindicalizados.
Angelino Garzón ex sindicalista,
candidato a ser el máximo jerarca de la OIT, lo ha dicho con toda claridad: “No
más impunidad, no más asesinato de sindicalistas”. Sin embargo cualquiera
podría decir que, como lo ordenó un Alcalde de un pueblo italiano, queda
terminantemente prohibido morir.
Las aristas y pliegues de
contexto son diversas. Por ejemplo, el asunto se globaliza tras la
investigación abierta en Suiza por el asesinato de un sindicalista
que laboraba para una multinacional de alimentos, o en los sonados casos de los
sindicatos de Coca Cola, Cerrejón, etc., ni se diga.
Frente al informe “Reconocer
el pasado: construir el futuro”, con Todorov (2008) diría que es
históricamente necesario una apropiación social y políticamente más radical de
la memoria, porque de hecho hemos asistido a una guerra contra la memoria, en
este caso de las víctimas del sindicalismo, desde diversas estrategias que
alimentan el olvido.
Lo que logran estos informes,
auspiciados por las Naciones Unidas con el apoyo de la comunidad internacional,
es Salvar vidas humanas, siendo tal vez uno de los resultados esperados en el
inmediato.
Ya hizo suficientes estragos
humanitarios el modelo de “orden limpio”, lo que sigue no solo es la verdad y
la reparación integral de las víctimas sino una auténtica apuesta por
profundizar la democracia, sostenida en la plena vigencia de los derechos
humanos. ¿Agentes del Estado, patronos y contra estatales estarán dispuestos a
sumarse?
(*) Candidato a Magister de Historia, docente de la
Universidad Tecnológica de Pereira.
17 de marzo de 2012
http://ntc-narrativa.blogspot.com/2012_02_09_archive.html
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