Durante el gobierno de Ospina hubo negligencia ambiental

Jorge Iván Ospina, el jueves 22 de diciembre de 2011, en los estertores de su mandato, de visita en el jarillón a orillas del río Cauca. (Foto de Jorge Orozco/El País).

 Filtraciones en el jarillón del río Cauca

Enfáticamente afirmo que las medidas cautelares ordenadas en diciembre de 2010 por el Juzgado 1 Administrativo no fueron implementadas por parte de las autoridades obligadas a ello: el peligro siguió siendo latente durante la segunda oleada invernal. Y continúa en esta ola invernal que empezó en septiembre.

Por Alberto Ramos G. (*)

La foto del exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, tomada por Jorge Orozco y publicada el 22 de diciembre  --con sombras chinescas y perfil encorvado, en un paraje sombrío y amenazante dentro la cara húmeda del jarillón, donde las aguas  del Cauca sobre la ronda del río forman un pantano que en el colorido de la fotografía concuerda con el traje del mandatario dentro de la degradación del lugar--, es un retrato de la acción y observación tardía ante un problema anunciado, conocido y advertido, pero que ni la Administración Municipal anterior (2008-2011), ni la CVC quisieron entrar a resolver de fondo, ni siquiera con una decisión judicial que lo advierte.

En diciembre 2010, el Juzgado Primero Administrativo de Cali ordenó medidas precautelativas y en septiembre 2011 dictó sentencia. Las medidas incluyen arreglo de la estructura del jarillón y la relocalización de las viviendas de invasión que colocan en peligro a todo Cali por la ruptura del jarillón.

La CVC y la Alcaldía no actuaron para corregir sino que salieron a la defensiva presentando apelación para no cumplir y desconociendo el problema. Durante el año 2011 escribí cuatro columnas de prensa narrando el problema, con los títulos de “Amenazas contra el jarillón”, “Segunda ola invernal y desastres”, “Inexactitudes sobre el jarillón” y “Proteger el meandro”. Narré el desarrollo del proceso de acción popular donde actué como apoderado y describí los factores del peligro para Cali.

Ni leyeron la sentencia ni leyeron los artículos, o todo les resbaló. En diciembre 2011 salieron a correr para remediar cuando el agua se metió en Juanchito, en el meandro de la vuelta de las Córdoba y en una zona del barrio Alfonso López.

La ocupación irregular del territorio es el primer factor de perturbación, los usos del suelo y el agua, sobrevienen a esa ocupación y se darán de la misma forma; los intereses encontrados de los pobladores por acceder al agua deben ser regulados.

Conocer el número de usuarios  y su comportamiento es vital para saber cuál es la demanda. La información que maneja cada municipio puede alimentar una base de datos. Es negativo descuidar la actualización del listado y ubicación de los usuarios y ocupantes del territorio.

Primero que todo, cada río principal debe tener un plan de ordenamiento de la cuenca. Los Pomch no pueden ser letra muerta; permanentemente la autoridad de control, CAR, debe constatar el cumplimiento de las acciones y programas del Pomch. Y los alcaldes, instruir a sus funcionarios afines para el buen funcionamiento. Los Pomch, si se cumplen, permiten la sostenibilidad del recurso hídrico, de lo contrario el deterioro de la cuenca sobrevendrá.

Como apoderado de los demandantes dentro de la acción popular donde el Juez ordenó acciones de despeje y saneamiento del jarillón debo expresar que si no fuera por esta demanda no estarían haciendo nada.

Enfáticamente afirmo que las medidas cautelares ordenadas en diciembre de 2010 por el Juzgado 1 Administrativo no fueron implementadas por parte de las autoridades obligadas a ello: el peligro siguió siendo latente durante la segunda oleada invernal. Y continúa en esta ola invernal que empezó en septiembre.

Los desalojos en el jarillón solo empezaron en abril de 2011 sobre el mismo sector, Un Nuevo Amanecer, no han avanzado, despejan un área y la gente vuelve al otro día, continúa el mismo problema. Las obras sólo se iniciaron en mayo, dejaron perder cinco meses. No actuaron sobre la zona que indicaba el auto interlocutorio.

Los siete mil quinientos millones de la sobretasa ambiental no fueron aplicados al sector que indicaba el juez, y aún falta una auditoría externa sobre esa inversión. Pretenden los funcionarios encartados por las omisiones argumentar y siguen haciéndolo que están cumpliendo con lo ordenado por la justicia, con enunciados generales extractados de las leyes, con enumeración de proyectos que no atañen al asunto central y con literatura refrita de otros oficios.

Fue errónea e inexacta la afirmación de Efraím Sierra ex director del Dagma, al decir que “ya se encuentra listo el proyecto para la fase 2 de la recuperación del jarillón del río Cauca, estimada en $1.3 billones…”; esos $1.3 billones corresponden a lo aprobado por el Compes para la recuperación de la totalidad de la cuenca del río Cauca y sus afluentes, trabajo que hicimos antes de él llegar al cargo.

Es un engaño a la prensa, a la opinión pública y a la justicia, desviando la atención y haciendo creer que están actuando. Afirma que muchos ocupantes tienen escritura y están instalados legalmente. Nadie puede tener escritura de un bien del Estado, solo si son espúureas. Los bienes del Estado son inenajenables, invendibles.

Así que la recuperación es viable inclusive sin necesidad de expropiación. Es un sofisma de distracción del funcionario que le expresó que estaban tramitando 2 billones ante el Gobierno nacional (¿ante quién y quiénes?), porque ningún proyecto de esa naturaleza lo tramita un Alcalde o ente territorial para un solo sitio de riesgo.

Dijo otro funcionario que se necesita primero un diagnóstico, entonces, ¿sino lo tienen, cómo están tramitando los dos billones? Y tampoco es necesario el diagnóstico, este existe en varias versiones, la del Clpad, Ingesam, CVC, Dagma, Emcali desde la Gerencia del Acueducto y hasta los Bomberos Voluntarios han hecho aportes.

La Alcaldía de Rodrigo Guerrero desde el Dagma ha tomado el asunto en serio y procede a corregir el daño en los cuatro sitios donde las filtraciones amenazan con el paso del agua hacia la ciudad: Alfonso López I, Estación de bombeo del paso del Comercio, y en la Carrea 9 Norte con calle 84 .

(*) Ex Procurador Ambiental del Valle.