Testimonio de la madre de Jonathan David Basto, asesinado en Cali el 28 M

Yolanda Basto Goyeneche y su hijo Jonathan David, asesinado el 28 de mayo en Cali. (Foto: Álbum familiar).

“DUQUE CONDENÓ LOS MUCHACHOS A LA MUERTE”

 Por Luis Alfonso Mena S.

El viernes 28 de mayo, Jonathan David Basto Goyeneche se despidió de su abuela a las dos de la tarde y dijo que regresaría en horas de la noche. Antes, había hablado por teléfono desde el sur de Cali con su mamá, Yolanda, quien vive en Bogotá, y la había tranquilizado diciéndole que no iba a pasar nada, que él estaba prestando ayuda de primeros auxilios y solidaridad a los jóvenes que resistían las arremetidas de la policía en el barrio Meléndez, cerca de Ciudad Jardín y de la Universidad del Valle. Salió de la casa donde residía con la abuela y un primo, en el barrio El Limonar, con las expectativas que a un joven de 19 años le colman el alma ansiosa de justicia, y con la mirada desprevenida de los muchachos que no le temen a nada, ni siquiera a las balas de un régimen despiadado, como el que impera en Colombia.

Se acabó el día y a las once de la noche Yolanda no pudo comunicarse con su hijo. Con el corazón latiendo con mayor intensidad que nunca, telefoneó a la abuela de Jonathan David, quien le informó que su nieto no había regresado aún a casa. Confiada en que las dificultades de transporte habrían incidido en la tardanza, pudo conciliar el sueño en el frío santafereño, pero el sábado 29 de mayo madrugó a telefonear otra vez a Cali. De nuevo, la misma respuesta de la noche anterior: Jonathan no había llegado aún. Las alarmas estallaron en su mente y recurrió a las tías paternas del chico para pedirles que lo buscaran. Volaron al punto de resistencia de Meléndez con una foto suya en las manos y allí se enteraron de la aterradora noticia: diez minutos antes de las ocho de la noche del viernes había recibido un impacto de arma de fuego muy cerca de su corazón y había sido llevado por sus compañeros al Hospital Mario Correa Rengifo, el más cercano del punto, situado en el sector de Los Chorros. A las 8:15 p.m. lo ingresaron sin signos vitales. Había muerto en el camino.

Jonathan David fue una de las 14 personas asesinadas por el accionar de policías, uniformados y sin uniformes, y de civiles provistos incluso con armas de largo alcance, que desde el mediodía y hasta la noche del fatídico 28 de mayo de 2021 asolaron el sur de Cali, partiendo del sector de La Luna, pasando por Siloé y terminando en Meléndez e inmediaciones de la Universidad del Valle. Fue la venganza de las fuerzas del sistema contra la permanencia del Paro Nacional, que ese día llegaba a su primer mes. En el mismo punto de Meléndez fue asesinado a balazos Sebastián Jacanamejoy, joven integrante del pueblo inga. “Los primeros en llegar disparando fueron los policías”, nos dijo Yolanda. “Y el primero en caer fue mi hijo. También llegaron luego civiles con fusiles”.

Todo un sábado de amargura y dolor rodeó a la familia de Yolanda y sólo el domingo en la tarde ella pudo iniciar la velación del cadáver su hijo, quien en este 2021 terminaría su grado once de bachillerato, que cursaba en jornadas de los fines de semana, y quien, además, laboró en una empresa distribuidora de frutos secos, cerrada por efectos de la pandemia de la covid-19. El martes 1 de junio Jonathan David fue sepultado en uno de los cementerios del suroccidente de Cali. Lo acompañaron hasta su última morada Yolanda, Valentina y Jorge Arturo (madre y hermanos), su familia en Cali, amigos y compañeros del colegio y de la lucha social.

Nadie de la institucionalidad le informó nada a Yolanda Basto Goyeneche, incansable trabajadora de 50 años de edad, sobre el crimen que acabó con la vida de su hijo y llenó de tristeza su hogar, un hogar de gente buena, esforzada y soñadora. Ningún funcionario de ninguna entidad estatal se comunicó con ella. Nadie de la Alcaldía o de la Personería del Municipio. Nadie de la Fiscalía o de la Defensoría del Pueblo… Es como si una parte del Estado, la Policía, cumpliera las órdenes (despejar a sangre y fuego las calles de Cali de jóvenes que reclaman sus derechos), y luego nadie de ese Estado respondiera por los crímenes que causa, ni siquiera para disimular una investigación. “Duque dio la orden a la Fuerza Pública de despejar las calles y por eso militarizó a Cali, condenando los muchachos a la muerte”, nos dijo llorando la madre de Jonathan David, con quien hablamos sobre aquel día de espanto en que Cali fue ensangrentada por el terror estatal y sobre lo que pasó con su amado hijo. Este es su testimonio.

Jonathan David y su señora madre el 4 de diciembre de 2019. (Foto: Álbum familiar).

“MI HIJO ERA UN MUCHACHO SOÑADOR”

–Señora Yolanda: ¿Cómo recuerda a su hijo Jonathan David?

–Mi hijo era un muchacho muy soñador, había estudiado en el Sena, había hecho algunas capacitaciones, le gustaba mucho el estudio, quería hacer la carrera de sistemas, cuando había oportunidades trabajaba. Estaba laborando en una empresa, pero debido a la situación la empresa quebró y se quedó sin empleo. Siempre fue un muchacho muy juicioso que soñaba con salir adelante. Apenas estaba cursando el grado once por la situación económica que atravesamos. Quería ayudar a sus hermanos también. Estudiaba en el Colegio Comfandi para adultos en Cali, sus compañeros le hicieron un homenaje muy bonito a él, por ser un muchacho respetuoso, por su manera de ser.

Debido a la inconformidad por todas las cosas que han venido sucediendo, por las dificultades para el empleo, por las dificultades económicas y la falta de oportunidades, y al iniciarse las marchas contra todo lo que el gobierno está haciendo, Jonathan decidió, como muchos estudiantes, apoyar el paro, para ver si el gobierno los escuchaba, para que les den oportunidades, pues no hay empleo, no hay opciones de nada. Él era voluntario de la parte médica en Meléndez.

Yo le decía: “Papi, por allá no vaya”, pero el respondía: “Esta lucha no es ni siquiera para mí, es pensando en que haya cambios para generaciones venideras, porque ¿a dónde van a parar muchos jóvenes que vienen con esta situación? Jóvenes estudiados se encuentran estancados porque no hay empleo y están en sus casas”. Eso era lo que él decía.

–¿Qué recuerda de las estadías más recientes junto a su hijo en Cali?

–El año pasado estuve con él desde septiembre en Cali, hasta donde se había ido a vivir al lado de su abuela y un primo en procura de empleo. Estuvimos hasta febrero de este año. Nosotros íbamos, compartíamos unos meses con él. Y siempre estábamos en contacto.

–¿Cómo fue el último día en la vida de Johathan David?

–Él se iba en los días del paro hacia las dos de la tarde y regresaba de las marchas a las nueve o diez de la noche. Nosotros casi todos los días nos comunicábamos. Había tenido una video llamada con él. Yo le insistía: “Papi, tenga cuidado, mire todo lo que está pasando, si la policía lo llega a agarrar, mire todo lo que están haciendo con los jóvenes”. Y él me decía: “Si me llega a agarrar la policía qué más pueden hacer, mami, lo que están haciendo con los jóvenes: me desaparecen, porque esa es la forma cómo están intentando callarnos a nosotros los jóvenes”. Pero él decía que iba a estar allí hasta el último momento. “Yo voy a estar allí hasta el último momento, porque tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio”. Eso era lo que les decía a la abuela y a las tías. Él les escribía a sus teléfonos: “Tías, no se preocupen, yo voy a estar acá”. Él auxiliaba a la gente cuando el Esmad gaseaba a los muchachos y los reprimía.

Homenaje de los amigos de Jonathan David a su memoria. (Tomado de video).

“LA POLICÍA LLEGÓ DISPARANDO”

–¿Qué conoce sobre las circunstancias en que Jonathan David fue asesinado en Meléndez?

–Ellos estaban haciendo una actividad cultural, porque ellos tenían biblioteca en Meléndez. Pero allí también, al margen de la protesta, se han formado unos grupos de saqueadores, los muchachos de la protesta no tenían nada que ver con eso porque no les gustaba eso de saquear, porque ellos no estaban allí por robar ni nada de eso. Y estaban en el momento cultural cuando les dijeron que en Holguines estaban saqueando un centro comercial, y entonces los muchachos se vinieron a evitar esos desmanes y a sacar corriendo a los que estuvieran en eso. Habían recuperado cosas de las que otros habían saqueado, para publicarlas y llamar a que la gente se acercara a recoger las cosas que habían recuperado de manos de los saqueadores. Y cuando ellos estaban allí con esas cosas en el andén, para publicarlas, llegó la policía disparando.

Cuando a los jóvenes de la protesta les decían que había desconocidos que estaban saqueando, o que estaban haciendo desórdenes, ellos iban a sacar esa gente corriendo, porque estaban haciendo mal, y los jóvenes de la resistencia no participaban en eso, no hacían eso. Entonces desde ahí la policía les empezó a disparar. Ellos corrieron hacia arriba, hacia el punto que ellos tenían, y hasta allá empezó a llegar la policía a buscarlos.

Había una muchacha que tenía un escudo de los que ellos habían hecho, y dicen que él le expresó a la joven: “Córrase porque esto se va a poner feo acá, mire, hay mucha policía. Y él cogió el escudo y de una le dispararon. Es lo que nos cuentan los muchachos que estaban con él. Eso fue a las 8:50 de la noche.

–Luego de que Jonathan David es baleado, ¿qué pasó?

–Con él llegan al Hospital Correa Rengifo a las 8:15 de la noche, pero llega sin vida. Allí también perdieron la vida otros dos muchachos en ese ataque que les hicieron.

–De acuerdo a lo que usted ha averiguado, ¿quiénes dispararon contra los jóvenes: policías o civiles?

–Había civiles armados, pero los muchachos dicen que la policía fue la que llegó disparando, apenas llegaron allá de una empezaron a dispararles. Había también algunos civiles, dijeron que esos civiles estaban marchando, pero usted no ve una marcha de civiles vestidos de blanco con fusiles. Y los que allí dispararon aparecen en los videos con fusil, ni siquiera con armas cortas, sino fusil. Entonces, ¿cómo va a haber una marcha con civiles vestidos de blanco y fusiles? ¿De dónde sacaron ellos en el momento de llegar allá los fusiles? Las versiones de la gente son que quien estaba armado allí fue armado por la misma policía, ella misma les facilitaron las armas, porque ¿de dónde iban a sacar esas armas? Después de los hechos, la gente se fue a mirar y encontraron puras vainillas de fusil.

Mi hijo cayó en los primeros disparos que hicieron, de una cayó él. Y los primeros disparos los hizo la policía. Como dicen los muchachos, los primeros que llegaron fueron los policías y de una vez ellos se ubicaron y, de una vez, fueron disparando. Mi hijo cayó entre los primeros disparos.

–¿En qué vehículos se desplazaban los policías?

–En motos, porque hay videos que muestran la policía en motos. Esos videos demuestran cómo empezó todo.

–¿Cómo trasladaron a su hijo al hospital?

–En una ambulancia. En video se ve… Cruz Rojas y eso y lo llevaron al hospital. Pero ellos dicen que murió casi inmediatamente ahí. Mi hijo recibió una herida de bala en la parte izquierda del pecho, cerca del corazón. A las 8:15 de la noche él ya estaba sin signos vitales. Los compañeros, los muchachos que estaban con él dicen que la muerte de él fue casi instantánea, que él cayó al piso y que cuando le bregaron a dar reanimación ya no respondía.

–¿En qué momento se entera usted de esta infausta noticia?

–Yo me viene a enterar el sábado 29. Él siempre llegaba a las nueve o diez de la noche. Yo había hablado con la abuela a las once y algo de la noche y me dijo que Jonathan no había llegado. Casi todos los días nos comunicábamos por la noche. Al otro día temprano, él tenía que estudiar, pues terminaba el bachillerato para adultos los días sábados. Antes de las siete de la mañana le escribí a la abuela y me dijo que no había llegado y ahí empezó la preocupación.

–¿Qué hicieron entonces?

–Las tías fueron a averiguar en el punto de Meléndez, a donde sabían que él iba, les preguntaron a los muchachos. Ellos le contaron lo que había pasado, que hubo ataques por parte de la policía, ellas mostraron la foto de Jonathan y ahí confirmaron. Lo habían matado por la noche.

 

Jonathan David Basto. (Foto: Álbum familiar).

“DEL ESTADO NADIE RESPONDE POR EL CRIMEN”

–¿Qué le dijeron la Policía y la Fiscalía? ¿Alguien de la Alcaldía, de la Personería, de la Defensoría del Pueblo les dijo algo? ¿Tuvo la oportunidad de hablar con alguien?

–Nadie se acercó a decir nada, ni siquiera a preguntar algo. Como estoy en Bogotá, le pedí a una hermana que me ayudara con los trámites. Ella dice que nadie le dijo nada. Y cuando yo llegué allá, ninguna autoridad estatal me dio explicaciones de nada. El cadáver lo entregaron el domingo en la tarde y el sepelio fue el martes a las once de la mañana. Los familiares, amigos y compañeros estuvieron con nosotros.

–¿La comunidad del colegio Comfandi qué actitud ha asumido?

–La psicóloga del colegio nos acompañó en la velación. Y también los muchachos del grado once nos ayudaron con una recolecta de $315.000 y le hicieron un homenaje a él. Nos han enviados cartas y expresado su solidaridad.

–¿Qué le informaron las organizaciones de derechos humanos?

–En una reunión con Derechos Humanos en Cali se presentaron las denuncias de todos los muchachos que han matado, con pruebas, con videos de lo que pasó. Fue el jueves en la mañana, pero no pude estar ahí porque tuve que viajar de regreso a Bogotá, porque mi otro hijo trabaja en una empresa y tan solo le dieron cinco días de permiso. Mi hermana tampoco pudo estar porque no le dieron permiso en el empleo que tiene. Pero estuvieron los que tienen todas las pruebas de los ataques de la policía contra los muchachos.

  Jonathan David Basto. (Foto: Álbum familiar).

“LES QUITAN LA VIDA PARA CALLARLOS”

–¿Cuál es su opinión sobre la forma como el gobierno ha reprimido el paro?

–Imagínese lo que une ve día a día: a la gente que reclama sus derechos, mire lo que le hace el Estado, en vez de buscar soluciones, en vez de ayudarlos… Los muchachos se encuentran desconcertados por todo lo que está sucediendo, por las reformas, por leyes que sacan y no hay manera de que el gobierno escuche, no acepta las cosas malas que está haciendo. Entonces, frente al estudiante y al trabajador inconformes la forma que el gobierno encuentra para acallarlos es quitándoles la vida. Supuestamente el gobierno dice que los jóvenes son el futuro, pero si matan a los jóvenes, ¿dónde está el futuro? ¿A qué llaman ellos futuro?

–¿Qué le reclama usted al Estado?

–Tiene que haber justicia. Los muchachos no eran ningunos vándalos como dice la policía, que dizque son los mismos vándalos que se están matando… Uno no puede ser tan inhumano y decir eso. A ellos los están matando.

–¿Usted instauró denuncias ante organismos judiciales y de control?

–Sí, una denuncia ante la Fiscalía y otra ante la Procuraduría.

–¿Piensa llevar este caso ante organismos internacionales?

–Si, claro, esto se tiene que saber en toda parte, porque desafortunadamente la ley en Colombia está manejada por seres inhumanos, verdaderamente. No les importa la vida de nadie, solo que la gente se quede callada frente a todo lo que pasa. Uno pone aquí una demanda de algo, y no pasa nada. Aquí no hay justicia.

 Jonathan David Basto. (Foto: Álbum familiar).

“DUQUE TIENE QUE RESPONDER”

–¿Qué le dice usted a Iván Duque?

–Que tiene que responder por todo lo que está pasando, tiene que responder por los muchachos, que estaban empezando a vivir. Duque dio la orden a la Fuerza Pública de despejar a Cali y por eso militarizó la ciudad, condenando los muchachos a la muerte, en vez de escuchar. ¿Por qué no escucha al pueblo? Si el pueblo lo eligió, ¿por qué no lo escucha? Todos sabemos que él le dio una orden a las Fuerzas Militares de que tenían que recuperar las calles de Cali fuera como fuera, y ahí fue cuando militarizaron a Cali.

–¿Qué le dice al alcalde de Cali, doña Yolanda?

–Que él también debería poner de su parte y tratar de solucionar las cosas, que escuchen a los jóvenes, porque los muchachos no están pidiendo dinero, ellos están pidiendo que los oigan, para que tengan oportunidades de estudio, de empleo, las oportunidades que ellos necesitan, pero no, todo lo solucionan es matándolos. Ni el alcalde ni nadie dice nada. ¿Qué clase de gobierno es el que tenemos?

–¿Cuál es su mensaje para los padres y familiares de tantos jóvenes que han perdido también a sus hijos?

–Debemos tener mucha fortaleza y guardar siempre los recuerdos bonitos de nuestros hijos, muchos han partido muy jóvenes, como mi hijo. A uno le duele, porque a mí me ha tocado bastante difícil y, gracias a Dios, los hemos sacado adelante, cuando uno cree que ellos van a empezar con su propia vida y están felices porque piensan en un futuro. Quedan los bonitos recuerdos de ellos y seguir adelante en memoria de nuestros hijos, porque esto pronto se tiene que arreglar. Solo pido que no quede impune la muerte de mi hijo ni la de muchos jóvenes, que también nos duelen como a sus familias, el dolor es inmenso. Que Dios y su infinita misericordia nos ayude. 

Cali, domingo 13 de junio de 2021.

PERIODISMO LIBRE.

Tarjeta de los compañeros del Colegio Comfandi, en donde estudiaba, a Jonathan David Basto.

Régimen de Duque abofetea de nuevo al pueblo colombiano

Una imagen de la represión contra la juventud caleña que lo dice todo.

 

El SENADO PREMIA AL GENERAL DE LA BRUTAL REPRESIÓN

Por Luis Alfonso Mena S.

Obedeciendo a la solicitud hecha por Iván Duque, el Senado de la República le propinó una nueva bofetada al pueblo colombiano al premiar con ascenso al director nacional de la Policía, mayor general Jorge Luis Vargas, responsable de la entidad estatal que ha protagonizado la más brutal represión y violación de derechos humanos de que se tenga noticia en la historia contemporánea del país.

A pesar de la férrea oposición de la bancada alternativa, la mayoría abyecta al gobierno en la cámara alta del Congreso aprobó el martes 8 de junio de 2021 el ascenso de Vargas al rango de general efectivo, por 66 votos de los 108 senadores que integran la corporación.

Esta votación se produce en los precisos momentos en que Vargas es quien dirige al Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, y demás componentes de la Policía, uniformada y no uniformada, que reprime de manera violenta a lo largo y ancho del país al pueblo participante en el Paro Nacional.

Y cuando la cifra de personas asesinadas en las acciones policiales supera las 70, al tiempo que dejan miles de heridos, torturados, detenidos y desaparecidos, como está documentado en centenares de piezas videográficas, de audio, fotográficas y de textos que circulan nacional y mundialmente.

En la cínica votación del Senado participó una mayoría liderada por el partido uribista (el autodenominado “Centro Democrático”, de extrema derecha), e integrada por los partidos Conservador, Liberal, de la U, Cambio Radical, Colombia Justa Libres y Mira, los cuales también votaron contra una proposición en el sentido de que las víctimas de la violencia estatal en la actual coyuntura fueran escuchadas en el Capitolio.

De esta forma, los partidos del Establecimiento oligárquico en el Senado cerraron filas de nuevo en torno de los responsables directos de la represión en Colombia, pues ya lo habían hecho dos semanas atrás, el jueves 27 mayo, cuando respaldaron a Diego Molano, ministro de Defensa.

En esa oportunidad, 69 congresistas de los mismos partidos negaron la moción de censura que se tramitaba contra el alfil de Duque, determinación que se repitió unos días después en la Cámara de Representantes.

Con esta votación, el Senado le escupe al pueblo colombiano y le dice que le importa un comino su sufrimiento a manos de la Policía dirigida por el general Vargas, quien en vez de ser sometido a investigación es premiado.

El oscuro mensaje del Senado de la República es otra evidencia de la dictadura civil que se abre camino a pasos agigantados en Colombia, manteniendo la máscara de los “tres poderes” de un “estado de derecho” carcomido, cooptados por corrupción e intereses de clase y concentrados en un régimen político despótico al servicio de grandes pulpos empresariales y de latifundistas, y bajo las directrices del Pentágono estadounidense.

Así lo demuestra el hecho de que los órganos “autónomos de control” (Procuraduría, Contraloría, “Defensoría del Pueblo”) están a las órdenes del gobierno, y ni qué decir de la Fiscalía de bolsillo de Duque, al tiempo que las dos alas del Congreso (Senado y Cámara) cumplen a pie juntillas los mandatos provenientes de la Casa de ‘Nari’.

El acto del Senado es más escandaloso aún si se tiene en cuenta que ocurre en el segundo día de la vista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que el mismo martes 8 de junio escuchaba a las víctimas de las espantosas violaciones de derechos humanos por parte de la Policía ocurridas en Cali desde el 28 de abril hasta el día 41 del Paro Nacional.

La capital del Valle del Cauca y municipios como Yumbo, Buga, Tuluá, Vijes, Yotoco, Zarzal, Buenaventura, Cartago, Florida, Palmira, Pradera y Candelaria, entre otros, han sido escenarios de crímenes cometidos por las fuerzas represivas del Estado contra la juventud y el pueblo, que dejan más de 40 personas asesinadas en todo el departamento.

Jóvenes que protestaron el martes 8 de junio en Barranquilla cuando se cumplía un partido de fútbol en medio de la brutal represión del Estado.

UN INFORME QUE GRITA

Desde la plataforma Grita, los colectivos Temblores ONG, Observatorio de DD.HH. del Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo, Indepaz, y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, Paiis, produjeron un documento entregado a la Cidh, en el que se denuncian los crímenes cometidos por la Policía en la represión contra el Paro Nacional.

Grita es, según explican sus integrantes, “una plataforma que busca facilitar la denuncia de violencias policiales para así contribuir a su erradicación”, y agregan que es “un proyecto colectivo, en el que creemos que grabando la violencia policial, registrándola, investigándola, triangulando información de las denuncias y asistiendo a las víctimas, se puede prevenir el abuso de autoridad de la Policía”.

“La represión con la que el Estado ha decidido enfrentar los reclamos de la ciudadanía ha dejado un lamentable saldo de al menos 3.798 víctimas de violencia por parte de miembros de la fuerza pública distribuidas así: 1.248 víctimas de violencia física, 41 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género”, señala en uno de sus apartes el documento.

Y aclara en relación con los homicidios: “De estos 41 casos tenemos evidencias certeras de que en 31 de ellos hay presunta participación de la Fuerza Pública o de miembros de la Policía Judicial. En los otros 10 casos, se pudo identificar que hubo algún tipo de accionar de agentes del Estado y, por ende, existe posibilidad de que los presuntos victimarios hayan sido miembros de la Fuerza Pública. Adicionalmente, hemos registrado otros 20 casos de homicidios en los que nos encontramos verificando las condiciones de tiempo, modo y lugar en los que sucedieron los hechos, al igual que los presuntos victimarios responsables del hecho victimizante”.

Dice también el informe que, además de estas prácticas sobre las que se pudieron establecer patrones de sistematicidad, se han registrado asimismo “casos de amenazas con desaparición forzada por parte de policías a las personas que son retenidas, complicidad de agentes de la Fuerza Pública con civiles que disparan armas de fuego, allanamientos y montajes judiciales contra líderes sociales, estudiantiles y juveniles, entre otras prácticas que han dejado un número muy elevado de personas afectadas tanto física como psicológicamente en el contexto del Paro Nacional”.

“Así mismo, hemos conocido casos de amenazas perpetradas hacia los familiares de las personas víctimas de violencia homicida para que desistan de los procesos de justicia o dejen de hacerlos mediáticos”, añade el documento.

Según los colectivos agrupados en Grita, “se evidencia la necesidad de una reforma policial amplia y estructural que contribuya a desescalar la violencia estatal, que permita consolidar una Policía Nacional que no violente a la ciudadanía y que, siguiendo su mandato constitucional, vele por los derechos y libertades de toda la ciudadanía colombiana”.

 

El martes 8 de junio, jóvenes del sur de Cali, ascendieron hasta el techo del Coliseo El Pueblo, para rendir homenaje a las víctimas de la represión oficial.

EL RÉGIMEN CIERRA SUS FAUCES

Paradójicamente, un proyecto de reforma de la Policía presentado por un congresista de la oposición acaba de ser negado por los partidos del Establecimiento, sin ni siquiera considerarlo.

Por el contrario, hacen trámite expedito en el Legislativo una nueva reforma judicial para reforzar el poder hegemónico imperante y un proyecto que le entrega más funciones contra los senadores y representantes de la oposición a la Procuradora de Duque, que quedaría con la libertad de sacar de circulación política a todo el que en el Congreso se oponga al régimen, con investigaciones disciplinarias amañadas.

Ya contra cinco congresistas de la bancada alternativa se están llevando a cabo este tipo de “investigaciones”, típicas de la venganza estatal. 

El proceso de concentración del poder oligárquico en Colombia no se detiene, camino a la dictadura civil montada por un régimen despótico, que sigue burlándose de la población y que cierra sus fauces pensando en perpetuarse en 2022.

Por eso es tan importante la unidad de todos los sectores alternativos, en la perspectiva del salto cualitativo de las luchas sociales de hoy a las luchas políticas del futuro mediato.

Cali, miércoles 9 de junio de 2021.

*PERIODISMO LIBRE*

Dos imágenes más de la protesta juvenil en la cúspide del Coliseo El Pueblo, en Cali, el martes 8 de junio.

Denuncian que fueron 5 los jóvenes asesinados por la policía el 4 J

En la madrugada del sábado 5 de junio, la comunidad de Paso del Comercio veló a dos de los jóvenes asesinados en una zona verde.

EL RÉGIMEN DEL TERROR EN CALI

Por Luis Alfonso Mena S.

En su fracasado intento por aplastar el Paro Nacional y la resistencia juvenil, Iván Duque instauró en Cali el régimen del terror y desató el viernes 4 de junio de 2021 una nueva jornada de horror en el norte de la ciudad, que dejó más muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.

De acuerdo con la Unión de Resistencias de Cali, URC, que agrupa a las Primeras Líneas, los homicidios perpetrados por la policía en Paso del Aguante (Paso del Comercio) fueron cinco.

Diversas fuentes indican que los heridos graves pasan de 20 de un total de 120 lesionados a lo largo de todo ese día, que dejó también por lo menos 15 personas detenidas y varios desaparecidos.

Uno de los jóvenes muertos recibió un tiro en la cabeza y otro chico, un disparo en el cuello.

Entre los asesinados figuran *Cristhian Sánchez*, deportista y activista social, y *Segundo Jaime Rosas*, estudiante de ingeniería eléctrica de la Universidad del Valle, de 21 años de edad.

En el sitio, cuando los muertos eran velados por la multitud en una zona verde, en plena madrugada del 5 de junio, se dio a conocer la cédula de otro de los asesinados, de nombre *Cristian Javier Delgadillo*.

Los homicidios fueron cometidos hacia las 11:00 de la noche por las fuerzas represivas del Estado enviadas contra la resistencia juvenil en Chiminangos y Paso del Comercio, en una extensa jornada que se inició a las 4:00 de la mañana del viernes y se prolongó por espacio de casi 24 horas, hasta la madrugada del sábado 5 de junio, día 38 del Paro.

De acuerdo con fuentes consultadas por PERIODISMO LIBRE, otros dos jóvenes fueron retirados de la zona de resistencia con heridas de fusil en muy grave estado (“sin signos vitales”) y conducidos a clínicas u hospitales aún no establecidos.

Los dos heridos en mención “tenían impactos de bala, uno en tórax y otro en cuello. Esto ocurrió entre las 10:00 p.m. y 11:30 p.m.”, dijo una de las fuentes. Y agregó: “Los heridos por arma de fuego estaban cerca al punto de la brigada médica de Chiminangos, en la Carrera 1ª. con Calle 66. Y fueron trasladados en ambulancias. Solo se sabe que una de las ambulancias era de Amyt Salud. Es probable que las heridas fueran de fusil”.

Por otra parte, la Red de DD.HH. ‘Francisco Javier Ocampo Cepeda’ de Cali indicó que “se reportan por la comunidad casos de asesinatos por civiles armados”, y agregó que sujetos en carros particulares recogieron sus cuerpos, lo que impidió que fueran identificados.

El colectivo de derechos humanos recordó que este hecho es similar al procedimiento realizado el mismo viernes por civiles armados en cercanías a la Inspección de Policía de Siloé, en el sur occidente, donde se hicieron disparos indiscriminadamente por cuatro civiles y dos uniformados, que luego “raptaron forzosamente un manifestante a plena luz del día”, sobre las cinco de la tarde.

El régimen del terror implantado en Cali por el gobierno de Duque busca generar pánico en la población de la vasta zona del norte, entre las calles 66 y 80, a lo largo de toda la Carrera 1ª., en la ruta que conduce al puente del Comercio, sobre el río Cauca, y se prolonga en la carretera central del Valle que el gobierno pretende despejar a sangre y fuego.

Fuerzas combinadas de Policía, Esmad, Goes, Ejército y civiles armados (miembros de los servicios secretos del Estado y paramilitares) actuaron durante todo el viernes a lo largo y ancho de la capital del Valle del Cauca, principalmente en las áreas en las que se mantienen los plantones populares que la clase empresarial, cómplice de la masacre, le ha exigido al gobierno aplastar, tales como Paso del Comercio y Portada al Mar, este último en la ruta hacia el puerto de Buenaventura, sobre el océano Pacífico.

“A las cuatro de la madrugada del viernes comenzó el hostigamiento del ejército junto con la policía, y poco después llegó el Esmad, todo en el transcurso del día hasta las doce de la noche”, dijo un socorrista, quien aseguró que en el hecho hubo 120 heridos y varios muertos, “uno con exposición de masa encefálica y el otro con entrada de bala por cuello y salida por mejilla derecha”.

“Los atendimos, lamentablemente no tuvimos el tiempo, hicimos lo posible, pero mientras más avanzábamos con ellos más heridos llegaban”, testimonió el socorrista.

 

La dolorosa velación de los cadáveres en plena madrugada del 5 de junio.

SIETE DÍAS DESPUÉS DEL 28 M

A diario, Cali es sacudida por una agresión policial contra algún sector geográfico de la urbe, lo que refleja una programación intencionada de represión estatal que lacera a la población de los barrios populares y los convierte en puntos sometidos por la violencia oficial.

El gobierno de Duque desconoció un acuerdo firmado entre la URC y la Alcaldía de Cali para la creación de una comisión de derechos humanos y una mesa de interlocución (Decreto 304), e impuso su Decreto 575, de militarización y arrasamiento a sangre y fuego de las protestas.

“Exigimos que se detengan estas acciones, no más derramamiento de sangre, no más levantamiento violento contra nuestros puntos de resistencia”, expresó la URC.

“El gobierno Duque quiere justificar su actuación provocándonos y derramando más sangre, con la clara y desesperada intención de aumentar la violencia y así deslegitimar la protesta social pacífica que hemos venido adelantando, todo esto a tres días de la llegada de la Cidh a Colombia”, dijo el colectivo.

Los crímenes del viernes 4 de junio ocurrieron ocho días después de otra jornada de terror sufrida por Cali en el sur de la ciudad, el 28 de mayo, cuando cayeron bajo las balas de policías y paramilitares 14 personas, entre ellas el niño Daniel Stiven Sánchez, de 16 años de edad, cuyo cadáver calcinado fue hallado en el interior del almacén Dollarcity del barrio Siloé, un hecho doloroso que conmovió a todo el país.

Y un mes después del asesinado del joven Nicolás Guerrero, a manos del Goes de la Policía, en la misma zona de Chiminangos-Paso del Comercio, cuando participaba en una velatón en homenaje a las primeras víctimas de la represión oficial contra el Paro Nacional,

Durante la semana precedente al 4 de junio, hechos de represión se registraron en diferentes puntos de Cali, entre ellos en el sector de Meléndez, donde varios jóvenes fueron detenidos y otros perseguidos en urbanizaciones del sector.

Meléndez ha sido otro de los puntos de resistencia golpeados por la policía y civiles armados, debido a la firmeza de la población, y allí fueron asesinadas dos personas en la tenebrosa noche del 28 de mayo, el joven del pueblo inga Sebastián Jacanamejoy y el estudiante Jhonatan David Basto Goyeneche.

 

Cristhian Sánchez, joven deportista y líder social, asesinado el 4 de junio, en Paso del Comercio.

CRISTHIAN, UN DEPORTISTA SOLIDARIO

Cristhian Sánchez, uno de los asesinados en Paso del Aguante, era un joven dedicado al ciclismo y muy apreciado por su altruismo en la lucha social, al tiempo que era el sostén de su familia.

“Anoche fue asesinado por el gobierno criminal que, sin explicación, descargó balas de fusil en su humanidad, apagando para siempre la increíble energía que transmitía y el amor por la gente, el barrio, la resistencia y la bicicleta”, escribió sobre Cristhian en su muro de Facebook Michael Steven Sánchez Navas.

Continuó recordando que Cristhian “era miembro activo de los parches bici desde sus inicios en 2012, cuando se empezaron a crear colectivos como Cicloamigos Cali. ‘Energía’ (como le decían) era un defensor ferviente del espacio de la bicicleta, se articulaba ‘En Bici Arte’ y asistía a las rodadas, donde siempre estuvo pendiente del bienestar de las personas que lo rodeaban, hidratando al parche con sus jugos o despinchando a quien lo necesitara cada vez que tenía oportunidad”.

“Llegó rodando al Foro Mundial de la Bicicleta en Medellín, y colaboró con parte de la logística del Foro Nacional de la Bicicleta en Cali. Corrió el primer Velociraptor en Cali y hacía logística en la Masa Crítica, siempre fuiste un entregado a la causa”, expresó más adelante.

“Desde el inicio del Paro se metió de lleno en la Resistencia donde lo vi apoyando las diferentes Primeras Líneas de la ciudad, aportando insumos y llamando al orden en los momentos de caos en los que atacaba el Esmad”, agregó Michael Steven.

Y concluyó su sentido homenaje: “Hace unas horas salió a respaldar a los muchachos del Paso del Comercio y sin saber por qué... agentes asesinos del Estado le descargaron balas de fusil y nos arrebataron para siempre esa energía que tanto alegraba el corazón, en las rodadas y la vida”.

Juan Pablo Murillo, citado por el muro Cómo sería PR de Cali, escribió: “Me levanto con la dolorosa noticia del asesinato del parcero Cristián ‘Kabe’ –así también llamado cariñosamente–, quien vivió siempre en mi sector, desde San Antonio hasta el Nacional”.

“Lo recuerdo por ser un ‘pelao’ responsable, trabajador, berraco, y con sueños por cumplir. Era parte de la Primera Línea de la Loma de la Cruz. Hoy en el Paso del Comercio fue fusilado por el Estado, le dispararon sin compasión”, dijo Juan Pablo.

“Con él tuve varias anécdotas, ya que siempre le gustó el deporte, pero siempre me quedaré con esta frase de hace algunos años: ‘No espere el bus, venga lo llevo en la moto’. Inolvidable”, agregó.

El periodista JahFrann escribió: “El compañero era el soporte económico de su madre, ayer fue asesinado, amigos y familiares están recolectando para poder enterrarlo”.

 

Segundo Jaime Rosas, estudiante de ingeniería eléctrica de la U. del Valle, asesinado el 4 de junio.

EN GUERRA CONTRA EL PUEBLO

Como si se tratara de una guerra contra los barrios populares, Cali ha registrado desde el inicio de la protesta ciudadana una agresión tras otra, lo que evidencia una planificación de los ataques por parte de la Fuerza Pública (Policía y Fuerzas Militares).

Los crímenes en la amplia zona del norte a la altura de Paso del Comercio, conformada por numerosos barrios y urbanizaciones de edificios, que van desde la Estación Chiminangos hasta el puente sobre el río Cauca, estuvieron antecedidos de constantes ataques policiales y de parapolicías, que han dejado varios muertos, entre ellos el joven venezolano Sandy Bladimir Sierralta Rodríguez, asesinado por civiles armados en la noche del jueves 20 de mayo.

Muchos habitantes de la zona, convertidos en reporteros comunitarios a través de las redes sociales, denunciaron la forma como la policía agredía a los jóvenes en las calles el viernes 4 de junio y obligaba a los conductores de autos a transitar, para dar la apariencia de que la Carrera 1ª. “estaba despejada”.

En horas de la mañana, la policía practicó numerosos allanamientos y atacó residencias, rompiendo ventanas de vidrio con piedras y bastones, al tiempo que allanaba ilegalmente hogares en procura de la gente solidaria con los jóvenes en resistencia. La idea era acabar con todo lo que fortaleciera los plantones.

En las entradas de unidades residenciales del sector la agresión policial también fue evidente en horas de la mañana, se vio a policías lanzando piedras contra ellas, golpeando a los jóvenes e irrespetando a hombres y mujeres que se oponían a la detención arbitraria de los muchachos. Incluso, un agente de la policía disparó contra uno de los condominios.

“Si nos vamos de aquí luego nos allanan las casas, nos desaparecen, no tenemos garantías de nada”, le dijeron varios jóvenes a María Teresa Mueses, una lideresa de barrios del oriente de Cali que estuvo apoyando la resistencia juvenil durante todo el día hasta avanzada la noche y reportó a través de las redes el horror de la represión.

En toda la zona, las Fuerzas Armadas disparaban sin misericordia, mientras en casas y apartamentos sus moradores clamaban respeto y compasión, dos cualidades que no tiene los gobernantes de este país.

Ya en horas de la noche, la agresión a la población llegó a tal punto que, según denuncia la Red de DD.HH. ‘Francisco Javier Ocampo Cepeda’, “la Fuerza Pública celebraba cuando herían o asesinaban a los manifestantes, bailando y cantando frente a las víctimas y habitantes del sector”.

Charles Gros Shelton, periodista francés, agredido por la Policía el 4 de junio de 2021 en Cali. 

ATAQUES A LA PRENSA INDEPENDIENTE

Entre los heridos en Paso de Comercio figura el periodista francés Charles Gros Shelton, quien fue objeto de agresión en su rostro por parte de la policía, en momentos en que cubría los hechos del viernes totalmente identificado como reportero de prensa extranjera (HK Golden News Press).

En horas de la mañana del mismo viernes se conoció que el periodista José Alberto Tejada, director del Canal 2 de Cali y quien ha venido haciendo un minucioso cubrimiento de los plantones juveniles, fue amenazado de muerte por un agente de la policía.

Ante los reclamos del comunicador y de defensores de derechos humanos en el lugar, el policía se refugió en el CAI del sector, cuyos integrantes se negaron a hablar sobre la grave amenaza contra Tejada.

De todas formas, la policía como institución está en la obligación de pronunciarse sobre estos dos casos de amenazas a la vida y a la integridad física de los dos periodistas, pues por lo menos en el papel la Constitución Política y las leyes colombianas garantizan la “libertad de prensa”.

El régimen insiste en reprimir a sangre y fuego, con la complicidad de organismo internacionales, pero seguirá encontrando una juventud dispuesta a resistir y a exigir sus derechos con el respaldo de los verdaderos demócratas del mundo.

Cali, sábado 5 de junio de 2021.

PERIODISMO LIBRE.

ONU, OEA, Unión Europea, Grupo de Lima, celestinas de la represión

 

EL INFORME DE LA MISIÓN ARGENTINA QUE DUQUE Y SUS MEDIOS QUIEREN SILENCIAR

 

Por Luis Alfonso Mena S.

Uno de los hechos evidentes de la actual coyuntura en Colombia es la complicidad de la mayoría de los organismos internacionales con el régimen de Iván Duque en la represión ejercida por este contra la juventud y el pueblo en los 37 días del Paro Nacional, tarea en la que cuenta con el respaldo de sus medios masivos de “información”.

 

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres; la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michell Bachelet; el secretario general de la OEA, Luis Almagro; la Unión Europea, el Parlamento Europeo, entre otros funcionarios e instituciones, no pasan de decir generalidades sobre lo que ocurre en Colombia.

 

La política de esas instituciones, que debería ser equilibrada y orientada a la defensa de los derechos humanos sin distingos, está absolutamente ideologizada y determinada por posiciones ultraconservadoras, afines a los intereses de Estados Unidos y de los países europeos.

 

Mientras frente a otros países orientados por políticas diferentes a las de las grandes potencias y monopolios transnacionales las referidas instituciones han actuado de manera obsesiva, en Colombia, ante los graves hechos de uso criminal de la fuerza en la represión de la protesta popular por parte del Estado, esos organismos internacionales han brillado por su paquidermia, unos, y franca ausencia, otros, como es el caso del autodenominado Grupo de Lima.

 

Incluso la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, ha sido endeble, timorata, aunque es el único organismo que ha expresado algún asomo de atención a la forma como el gobierno colombiano ha atacado, con violencia brutal, el Paro Nacional desde su inicio, el 28 de abril.

 

Todo lo anterior deja en absoluta evidencia el sesgo con el que las instituciones mencionadas actúan en favor de los regímenes de derecha y ultraderecha en América Latina, frente a los cuales miran de soslayo y obran con complicidad cuando violan los derechos humanos y reprimen con sevicia a los pueblos, como lo están haciendo el gobierno uribista de Iván Duque y su policía.

 

Los crímenes del régimen de Duque no deben quedar en la impunidad.

MISIÓN DE SOLIDARIDAD ARGENTINA

Contrastan las posiciones de esas instituciones con las tareas desarrolladas por organizaciones como la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, integrada por diversos colectivos argentinos, que acaba de dar a conocer su informe sobre la situación encontrada en Colombia.

La Misión concluyó que “el Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del Paro Nacional y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano. La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta”.

Sostiene, de igual forma, que “el Estado colombiano debe ser investigado por haber desplegado sobre población civil indefensa prácticas inscritas en la lógica bélica, disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos”.

Manifiesta, también, que “el Estado colombiano debe ser investigado por haber determinado como enemigo interior a la mayoría de su pueblo, representado por jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres y de la comunidad lgtbiq, trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, afrodescendientes, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, prensa independiente, así como organizaciones de la sociedad civil”.

Agrega que “deberá investigarse al Estado colombiano en referencia a los delitos de lesa humanidad denunciados. Deben acabar las prácticas impropias de un Estado de derecho”.

Y puntualiza: “El pueblo colombiano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral, a través de la verdad y la justicia”.

Representantes de las diversas organizaciones reunidas en la Misión Internacional de Solidaridad estuvieron en diferentes ciudades del país documentando los casos de represión, hablando con las víctimas y acopiando testimonios para el documento que dieron a conocer en las últimas horas.

Hicieron parte de la Misión argentina entidades de derechos humanos como Serpaj, Apdh La Matanza, Correpi y Xumec; organizaciones sociales y populares como el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie; organizaciones gremiales y de la sociedad civil como ATE, CTA-Autónoma y la Asociación Americana de Juristas.

“Se concluyó que era imperioso contribuir al resguardo de la vida y la dignidad humana, garantizar la justicia y la verdad y el cumplimiento de reglamentos, leyes y tratados internacionales en materia de defensa de los Derechos Humanos”, explicaron los integrantes de la Misión.

 

Plantón popular en el municipio de Yumbo.

EN YUMBO, “LES MANDA SALUDES DUQUE”

Entre otras varias ciudades del país, la Misión estuvo en Cali y Yumbo, en el Valle, y Puerto Tejada, en el norte del Cauca.

 

Sobre lo encontrado hasta el 3 de junio, fecha de su informe, denuncia que fueron desaparecidas 93 personas, 46 fueron asesinadas en la represión a la movilización social, 240 fueron detenidas y 149 fueron heridas por armas de fuego.

“La situación que vive Cali ha desencadenado daños irreparables sobre la vida, la integridad física y psicológica de la población, profundizados a partir del Decreto 575 del gobierno nacional, que estableció el toque de queda y la militarización de la ciudad. Otro rasgo característico ha sido la actuación de civiles armados disparando a la par y coordinadamente con las fuerzas públicas”, dice el informe.

El documento indica, igualmente, que “la represión en esta zona adquiere características particulares como la connivencia empresarial con la estructura represiva, llegando las fuerzas de seguridad a utilizar instalaciones comerciales como centros de detención y tortura, así como punto de avituallamiento y cuartel. El escarmiento a la población ha recorrido hitos represivos que van desde las balaceras indiscriminadas con armas largas hasta los asesinatos atroces de personas previamente desaparecidas”.

“Se recibieron denuncias de referentes juveniles, sociales, sindicales, indígenas, afrodescendientes, religiosos, así como periodistas y activistas de derechos humanos, quienes son fuertemente perseguidos, judicializados e investigados bajo la modalidad de espionaje”, expresa más adelante la relatoría.

Asevera que “la Misión ha recogido denuncias provenientes de las comunidades negras donde se enfatiza la dinámica de limpieza social, el despojo territorial forzado y el racismo estructural”.

“Asimismo, cabe mencionar que un aspecto distintivo de esta zona (es) la connivencia empresarial en los hechos represivos, siendo los casos más emblemáticos la empresa Huevos Kike y la Empresa Integral de Empaques”, asegura el documento de los defensores de derechos humanos argentinos.

Y sobre Yumbo, expresa que “se pudo constatar varios homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, entre los que se encuentra el caso de Maicol López Cano”.

“Varios testigos relatan el ingreso al barrio de fuerzas de seguridad disparando balas de plomo, gases y bombas aturdidoras al grito de *‘Les manda saludos Duque’*. Producto de este hecho dos jóvenes perdieron la vida”, revela el informe.

Continuando con Yumbo, manifiesta: “El punto de resistencia de Ecopetrol ha sido público y nacionalmente conocido por ser el sitio desde donde un técnico de la Fiscalía disparó contra 3 manifestantes. En la zona, los organismos de derechos humanos denuncian la existencia de 149 heridos de bala y al menos 6 asesinatos”.

 

Velatón en homenaje a las víctimas de la masacre cometida por la Policía en Siloé, sur de Cali.

LA MASACRE EN SILOÉ

Sobre el plantón de resistencia de Siloé, en la Comuna 20 de Cali, el informe dice que “en este punto hubo una concentración de mecánicas represivas”, en el marco de las cuales se presentó “la desaparición forzada de una persona golpeado por miembros del Emad y la policía nacional, encontrándose el cuerpo calcinado al día siguiente frente al (almacén) Dólar City”.

“Este punto de resistencia cuenta a la fecha con los siguientes asesinados por parte de las fuerzas de seguridad: José Emilson Ambuila, Kevin Antonio Agudelo Jiménez, Harold Antonio Rodríguez Mellizo, Daniel Andrés Forero Olave, Nicolás García, Cristhian Arturo Hinojosa Murillo, Nelson González, Andrés Antonio Mejía, Daniel Stiven Sánchez y Michael Andrés Aranda. Se le agregan dos víctimas encontradas en la Vía Cali-Palmira, cuyas identidades son: Gregorio Angelvis Bello Pérez y Carlos Sierra”, denuncia el documento.

Sobre lo ocurrido en Calipso, en el oriente de Cali, la relatoría expresa que “se recibieron denuncias sobre el local de tiendas Éxito utilizado como centro de detención y tortura. A la fecha funciona como centro de avituallamiento y acuartelamiento de la policía, denunciando los manifestantes que el traslado de armas y pertrechos se realizaba en una ambulancia”.

 

MENTIRAS MEDIÁTICAS PARA OCULTAR

En la mañana de este viernes 4 de mayo, día 37 del Paro Nacional, Julio Sánchez Cristo, director del noticiero de La W Radio, anunció lo que denominó como “una primicia” informativa, “una bomba” periodística que supuestamente demostraría un nuevo complot contra el gobierno de Duque, aunque hipócritamente repetía que él no buscaba deslegitimar el paro (“a confesión de parte, relevo de pruebas”, dice el viejo axioma jurídico sobre las confesiones no pedidas).

La famosa primicia, para la cual los órganos de “inteligencia” del régimen instrumentalizaron a dos reporteros de Sánchez Cristo, era una conversación casi inaudible de uno de los delegados de la Misión argentina con un líder social de Bogotá en la que el primero le pedía al segundo su concepto sobre la situación del país, y en la que éste argumentaba que si había un golpe de Estado contra el gobierno de Duque el mismo provendría del uribismo, sector político en el que, se sabe, hay una mayoría ultra recalcitrante interesada en una salida abiertamente fascista.

En eso quedó la “primicia” sobre el supuesto “complot” internacional, ahora argentino, contra el régimen… ¡Qué tal el ridículo de La W! Una conversación personal que no demostraba nada, más allá de que la policía de Duque anda a la caza de cualquier cosa para justificar la persecución a los defensores de derechos humanos, nacionales y/o llegados del exterior, como en este caso.

Ah, pero eso sí, ni una palabra sobre el informe de la Misión argentina, pues las graves denuncias formuladas por esta conjunción de organizaciones no les interesan ni a La W Radio ni a los demás medios de las élites y, por el contrario, buscan silenciarlas, incluso, haciendo filtraciones de supuestos “complots desestabilizadores” que, como el tan anunciado, se desinflan como globos pinchados tan pronto se difunden.

En días anteriores, la misma emisora se había esforzado por darle micrófono al mediocre expresidente Andrés Pastrana para que vertiera a través de las ondas hertzianas sus lunáticas y absurdas narrativas en el sentido de que el gobierno del presidente Maduro de Venezuela “estaría detrás del Paro Nacional y la desestabilización de Colombia”. ¡Otra versión ridícula monumental!

Ya habían dicho lo mismo antes en relación con el gobierno del presidente Putin de Rusia, pues la extrema derecha colombiana no solamente es cínica y mentirosa, sino que sigue usando sus medios, como La W Radio (para no hablar de otros más oscuros), para generar matrices de desinformación y echarle la culpa de su arrogancia e ineptitud a los fantasmas que crea.

Cada vez más sectores de la opinión pública creen menos estas matrices de los medios de las clases dominantes, y se orientan fundamentalmente por los espacios alternativos y la comunicación popular en las redes.

A pesar del cerco mediático, el Paro Nacional y la multiplicidad de resistencias juveniles a lo largo y ancho del país siguen su marcha.

Cali, viernes 4 de mayo de 2021.

PERIODISMO LIBRE

Demanda del Comité Permanente para la Defensa de los DD.HH.

TUTELAN DERECHOS DE LOS MANIFESTANTES EN YUMBO

Fue proferida este miércoles 2 de junio de 2021 la providencia mediante la cual se tutelan los derechos de los manifestantes del municipio de Yumbo, en respuesta a una demanda en tal sentido interpuesta por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, Cpdh-Valle, y otros.

Como se sabe, Yumbo ha sido uno de los municipios más golpeados por la represión y la violación de los derechos humanos por parte de la policía del régimen de Iván Duque contra el Paro Nacional.

Seis personas han sido asesinadas en el marco de la arremetida violenta del gobierno contra los plantones juveniles y populares en la ciudad.

El más reciente homicidio ocurrió precisamente este miércoles, cuando civiles armados, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego contra un joven participante en el plantón del barrio Juan Pablo II. 

Entre los aspectos relevantes del fallo, proferido por la juez 17 Civil del Circuito de Cali, Diana Marcela Palacio Bustamante, se encuentran los siguientes:

“Tutelar los derechos a la vida, dignidad humana, integridad física y moral, libertad de expresión, de reunión, y la no desaparición forzada, deprecados por el accionante”.

“Ordenar a la Alcaldía de Yumbo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo… sirva de mediador entre los líderes de las protestas y la Fuerza Pública…”.

“Ordenar a la Gobernación del Valle del Cauca, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, dé cumplimiento inmediato al Decreto No.003 de 2021 y conforme la Mesa de Coordinación, de acuerdo al artículo 12 del Decreto No. 003 de 2021, a través de la cual se permita el diálogo con las organizaciones de derechos humanos, que realizan la función de observación en las manifestaciones públicas y pacíficas y remitir las actas al Juzgado”.

“Exhortar a la Defensoría del Pueblo y a la Personería del Municipio de Yumbo para que realicen acompañamiento constante en todas y cada una de las marchas y protestas que se adelanten en el municipio”.

Cali, miércoles 2 de junio de 2021.

PERIODISMO LIBRE.