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| Foto tomada de: https://derechoalaciudadflacso.wordpress.com/2014/01/28/santiago-de-cali-entre-las-promesas-del-desarrollo-neoliberal-y-la-realidad-del-profundo-conflicto-social/). |
INSEGURIDAD
EN CALI
Por
Alberto Ramos Garbiras (*)
La ETA un grupo terrorista de
España empezó a operar en julio de 1959 en pleno desenvolvimiento de la
dictadura militar franquista, se iniciaron como una disidencia del Partido
Nacionalista Vasco, liderados por José Manuel Aguirre, Julián Madariaga y Javier
Imaz. La ETA ejecutó asesinatos selectivos que comenzaron a registrarse en
1968, fueron 52 años de presión al gobierno central de Madrid reclamando la
independencia Vasca y 43 años de violencia sistemática que atemorizó a los
españoles hasta el año 2011; un total de 829 crímenes perpetraron, reseñados
así: 343 civiles y 486 miembros de la fuerza pública. Algunos datos difieren
entre el Ministerio de Justicia, las fundaciones de víctimas del terrorismo y
el libro Vidas Rotas, pero comparando las tres fuentes de datos, las
muertes violentas no sobrepasan las 1000 personas en 43 años. Y esto horrorizó
a la sociedad española.
Ya citamos la cifra espantosa de
28.000 asesinados en Cali en 15 años (del 2000 hasta el 2015), ningún año con
menos de 1000 personas. Si tomamos los últimos 2 años de muertes violentas en
Cali observamos que en el 2016 se registraron 1298 asesinatos, y en el 2017 un
total de 1227(el año pasado figuró Cali como la ciudad más violenta de
Colombia); esta realidad nos constriñe a la reflexión, nuevamente. Las muertes
callejeras de Cali no son del conflicto interno, no son del terrorismo, son de
violencia común multicausal dispersa.
El jueves 22 de febrero la
Alcaldía anunció el comienzo de la operación Esperanza en 55 semáforos de la
ciudad, actuaciones conjuntas de policía y fuerza pública, y en otros sitios
calientes o hot points, operación o plan que reemplaza el Plan Atarraya
del año pasado. Pero el despliegue de fuerza pública no será suficiente
(siempre lo desmontan a los pocos días), se necesitan otras acciones de
inclusión social. La violencia debe ser combatida con medidas de prevención del
delito y con acciones de desarrollo social.
Se necesitan acciones para
prevenir la violencia, entre ellas extensión de la educación, porque la falta
de escolaridad y la desatención a los menores de edad incrementa
los infractores de las normas vigentes. Y se necesitan fuentes de
trabajo. La violencia en Cali es protagonizada en un 80% por la
delincuencia común que opera independientemente a cualquier dirección o
liderazgo porque los actores individuales, portadores de conductas desviadas no
tienen proyecto de vida, son excluidos del sistema y la sociedad; no poseen
escolaridad y menos movilidad social que les permita ascender, son desatendidos
y marginales, o se lanzan a la comisión de delitos y son mano de obra
sicarial instrumentalizada para llenar las apetencias de terceros.
La administración municipal
no se puede engolosinar restando muertos de un mes o con respecto a otro mes, o
del año anterior con el siguiente para pretender afirmar que la situación ha
mejorado. La convivencia se logra cuando el respecto se extiende entre todos
los pobladores y cuando sus necesidades básicas están resueltas. Una ciudad
llena de desempleados, desplazados, de excluidos e indigentes debe centrar su
labor en atender a la población desamparada, en coordinación con el gobierno
central, antes de cualquier otra inversión, brindar los mínimos del bienestar
social constitucional.
Reitero una afirmación que expuse
en otro escrito, las muertes sistemáticas en Cali, sin contar los millares de
lesionados en atracos, riñas, hurtos y demás violaciones a los derechos
humanos, significan un fracaso palmario y público a la política de seguridad. La
ciudad está convertida en un atracadero a cielo abierto, por el cúmulo de
hurtos, robo de carros, fleteos continuos, asaltos exprés, desvalijamiento de
casas y apartamentos, robos callejeros y en locales comerciales.
El narcotráfico es la hoguera que
sostiene todas las actividades delictivas. Hasta que la Comunidad de
Naciones, desde la ONU, no apruebe la legalización del consumo, este gran
negocio seguirá siendo el propiciador de la violencia de Carteles y Miniárteles
que alteran el orden público y social. Por fuera del comportamiento de o
tras bandas delincuenciales.
(*)
Politólogo egresado de la Universidad Javeriana.
