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| Son múltiples las causas para entrar este 19 a Paro ante un gobierno que no atiende las peticiones del pueblo. (Foto tomada del Flickr de Marcha Patriótica). |
El pliego de exigencias del
Paro Nacional Agrario y Popular del 19 de agosto de 2013
Amparados
en la legitimidad de nuestro derecho a la protesta, exigimos al Gobierno el
cumplimiento de 6 obligaciones políticas y legales básicas: 1. Exigimos la implementación de medidas
y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria. 2. Exigimos acceso a la propiedad
de la tierra. 3. Exigimos reconocimiento a la
territorialidad campesina. 4. Exigimos la participación efectiva de
las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y
desarrollo de la política minera. 5. Exigimos se adopten medidas y se
cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la
población rural. 6. Exigimos inversión social en la
población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y
vías.
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Las organizaciones agrarias y populares
en la búsqueda de la Reforma Agraria Estructural con perspectiva territorial e
intercultural que contribuya a la soberanía nacional en el marco de una Paz con
Justicia Social, se han abierto paso mediante la movilización, la
reivindicación y la búsqueda de una solución política al Conflicto social
y armado que por décadas han violentado el derecho a la vida, al territorio y a
la tierra.
La Constitución Política de Colombia
alega como derecho fundamental que, ante la ley, todos somos iguales. Sin
distinción alguna, todos los colombianos tenemos los mismos derechos y las
mismas obligaciones. Sin embargo, a pesar de estar en la Constitución, este
enunciado no se cumple en la realidad. Campesinos, Indígenas, Afrocolombianos y
pobladores urbanos hemos vivido en la injusticia y la desigualdad; la
marginación económica y política ha sido constante: se nos criminaliza y
persigue.
Somos colombianos que hemos buscado por
distintos mecanismos acceder a políticas públicas que favorezcan nuestra
situación social, para saldar la deuda histórica que el Estado colombiano tiene
con el mundo rural. No hemos pedido imposibles, solo pedimos que se nos
garanticen los derechos humanos. Con nuestra lucha y organización hemos
logrado establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que a la luz de la
realidad son letra muerta, en algunos casos so pretexto del déficit
presupuestal a pesar que cada año los gremios económicos hablan de
abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el
mejoramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello, se ha aplicado todo
un paquete legislativo y normativo en materia de producción agropecuaria,
minera, energética, vivienda y de servicios públicos que va en contra de los
intereses del pueblo y favorecen los intereses del capital nacional e
internacional.
El índice de Necesidades Básicas
Insatisfecha (NBI) según DANE (2005), indicador que refleja el nivel de pobreza
y miseria en las poblaciones urbanas y rurales, evidencia que en los municipios
de alta ruralidad persisten amplias diferencias en las condiciones de las
viviendas, en el acceso y disponibilidad de servicios públicos, en la
baja escolaridad y en las escasas posibilidades de generación de ingresos y
empleo dignos y permanentes, pese a ello no ha existido una política por parte
del Estado que resuelva esta situación; por el contrario, el abandono estatal y
la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores, como lo
señala el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2011) la tercera parte
de la población rural vive en pobreza extrema (Pág. 63). Este mismo informe
plantea, según el Índice de Ruralidad (IR), que el 75,5% de los municipios
colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población; un porcentaje
mucho mayor que el reconocido por el DANE. Este porcentaje del mundo rural
representa el 94,4% del territorio que ha estado históricamente excluida del
ejercicio del poder y de la toma decisiones.
No existe un estudio que pueda ubicar en
términos presupuestales a cuanto asciende la deuda social que hoy se tiene con
el campo, sin embargo, en nuestra realidad, la deuda social se refleja en el
despojo, la no adjudicación y dotación de tierras, en el desconocimiento
territorial, en la carente política para fortalecer la producción agropecuaria,
en la política minera a favor de multinacionales y en contra de comunidades, y
mineros pequeños y artesanales, y la ausencia estatal en cuanto programas de
inversión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y
servicios públicos se refiere.
Ante el tamaño de la crisis social, el
gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto para enfrentar
estructuralmente los problemas. Por el contrario, ha aplicado una paupérrima
política social que se ha enfocado a solucionar con paños de agua tibia la aguda
desigualdad e injusticia social: El artículo 65 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 define “La producción de alimentos gozará de la especial
protección del Estado”. Sin embargo, la política agraria no ha resuelto la
situación de inseguridad alimentaria, desnutrición y hambre de los pobladores
del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se encuentran en
algún grado de inseguridad alimentaria, el 20% de los niños menores de cinco
años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en situación de
desnutrición aguda. Estas cifras muestran una deficiencia en acceso, consumo y
disponibilidad de alimentos que se ha prolongado por décadas en las poblaciones
rurales y urbanas.
Ante las injusticias vividas, hemos
enviado cartas, sostenido reuniones, audiencias, hemos hecho uso del derecho
legítimo a la protesta llegando a acuerdos con distintos gobiernos municipales,
departamentales, e incluso con el gobierno nacional, para dar solución a los
problemas que se generan y viven en la ruralidad, y que afectan al conjunto de
la sociedad colombiana. Cada uno de estos acuerdos ha sido incumplido de manera
sistemática por el Estado y sus diferentes instituciones.
Frente a este panorama, se requiere una
política pública agraria coherente con las necesidades del pueblo colombiano,
la cual debe ser construida, con la participación directa y decisiva del
movimiento agrario y popular; una política pública que dignifique la calidad de
vida de la población campesina, urbana, afrocolombiana e indígena, que
reconozca la significativa participación que hoy día tiene la economía
campesina y ancestral como un renglón estratégico de la economía nacional y la
fortalezca.
La inversión social en seguridad social,
educación, salud, infraestructura es fundamental para garantizar los derechos
humanos que tenemos las comunidades rurales. Debe ser capaz de atender las
demandas sociales, y que requiere la participación del Presupuesto General de
la Nación y del Sistema General de Regalías y en especial de las carteras de
Salud, Educación, Hacienda, Vivienda, Agricultura, Minas y Energía; y de
instituciones estatales como el Incoeder, el Instituto Nacional de vías,
Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Agencia Nacional para la Superación de
la Pobreza Extrema, ICBF y Fondo de Adaptación, en una acción coordinada para
enfrentar de manera integral los problemas que aquejan los pobladores rurales y
urbanos.
Amparados en la legitimidad de nuestro
derecho a la protesta, exigimos al gobierno el cumplimiento de 6 obligaciones
políticas y legales básicas:
1. Exigimos
la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción
agropecuaria.
2. Exigimos
acceso a la propiedad de la tierra.
3. Exigimos
reconocimiento a la territorialidad campesina.
4. Exigimos
la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y
tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
5. Exigimos
se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los
derechos políticos de la población rural.
6. Exigimos
inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda,
servicios públicos y vías.
Las organizaciones y comunidades
agrarias y populares presentamos ante el Presidente Juan Manuel Santos como
jefe de Estado nuestras demandas sociales, económicas y políticas, buscando que
mediante el dialogo encontremos la mejor manera de resolver el conflicto
económico, político y social que vivimos. De parte nuestra ya están los voceros
nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y
Acuerdo Agropecuario y Popular, escenario que proponemos como la instancia para
abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.
Anunciamos al país que nos sumamos a la
realización al Paro Nacional Agrario para el 19 de Agosto, teniendo en cuenta
los antecedentes de incumplimiento y abandono por parte del Estado. Ponemos a
consideración este pliego general a sectores sociales y populares, para que en
unidad, organización y movilización, en una voz potente le exijamos al gobierno
que cumpla con lo que nos pertenece.
1. EXIGIMOS IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE A LA CRISIS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Exigimos que el Estado fije precios de
sustentación para la producción campesina, de manera independiente al
comportamiento de los precios en el mercado nacional e internacional, con los
cuales garantizar una remuneración efectiva a los productores, así como precios
accesibles para los consumidores. Para tal fin, se deberá implementar un fondo
nacional de compensación que cubra las diferencias existentes entre los costos
de producción y el precio de venta de los productos, acompañado de la garantía
de compra de cosechas por parte del Estado para pequeños y medianos productores
agropecuarios, asegurando el acceso a los mercados en las ciudades.
1.2. Reducción
de los precios de los combustibles y peajes, concertando nuevas tarifas con
transportadores y productores agropecuarios.
1.3. Control
de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos
agropecuarios. De igual forma, promoción efectiva de la producción limpia y
agroecológica.
1.4. Exigimos
la derogatoria de la política antidroga y solicitamos acordar una política de
sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, marihuana y amapola, así
como el fin de las fumigaciones y de la erradicación manual.
1.5. Derogatoria
de la normatividad que afecta la producción, transformación y comercialización
agropecuaria de pequeños y medianos campesinos, incluyendo lo relativo a la
despensa y manejo de semillas ancestrales y tradicionales y los encadenamientos
productivos para el sector. Concertación de legislación para la promoción de la
producción agropecuaria de pequeña y mediana escala, creando un fondo nacional
para su financiación y garantías efectivas para el acceso a los mercados.
1.6. Frenar
las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de
café, cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspender y revisar, en
conjunto con las organizaciones de pequeños y medianos productores, los
Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea y demás
países.
1.7. Condonación
total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores
agropecuarios con el sistema financiero. Definición de una política de
subsidios para pequeños y medianos productores a través de la banca pública.
1.8. Adopción
de seguros de cosechas frente a problemas derivados de condiciones climáticas
y/o fitosanitarias, para la pequeña y mediana producción agropecuaria que sean
otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector privado del
sistema financiero.
1.9. Diseño
concertado de una política pública de fortalecimiento de la economía campesina
basada en el reconocimiento de las ventajas sociales, económicas, y
ambientales que ésta provee para seguridad alimentaria del país, la
protección de los medios de vida campesinos y la sostenibilidad ambiental.
2. EXIGIMOS ACCESO A LA
PROPIEDAD DE LA TIERRA
Exigimos la adjudicación y dotación de
tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la
poseen de manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han sido
adjudicados, para lo cual debe ordenarse al INCODER celeridad en el cumplimiento
de la ley 160/94 en cuanto a compra directa de tierras en cantidad suficiente y
de buena calidad, y la adjudicación y formalización inmediata de titularidad de
las tierras baldías que ocupan los campesinos, soportada en programas de
asistencia técnica y social, inversión, tecnología, y mercadeo que garanticen
el despliegue de la economía campesina, así como el de la pequeña y mediana
producción.
La inmediata aplicación del decreto
1277/2013 de dotación de tierras por el INCODER, y la ampliación de su capacidad
financiera para garantizar mayor cobertura y la adjudicación colectiva a las
comunidades afrodescendientes e indígenas. De igual manera, el reconocimiento
de la autonomía de las comunidades sobre los territorios ya adjudicados.
Detener la política de extranjerización
de tierras; esclarecer las operaciones o transacciones que han permitido el
acaparamiento por capital extranjero; revertir estas operaciones y que las
tierras revertidas formen parte del fondo para la adjudicación y dotación de
quienes no la tienen.
Iniciar, adelantar y culminar en el
término máximo de un (1) año, los procedimientos de extinción administrativa de
dominio de las tierras concentradas y ociosas, de las que campesinos vienen
siendo poseedores, para luego adjudicarlas a éstos.
Garantizar el estricto cumplimiento de
la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en todos los procesos de adjudicación de
tierras, la reversión de las adjudicaciones practicadas con exceso o defecto de
la misma, así como la generación de las condiciones que garanticen el nivel de
ingresos y de sostenibilidad de la economía campesina que esta figura promueve.
3. EXIGIMOS RECONOCIMIENTO A LA
TERRITORIALIDAD CAMPESINA, DE AFRODESCENDIENTES E INDÍGENAS
La delimitación y constitución inmediata
de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en los territorios en los que ya se
cumplieron todos los trámites para su constitución, dando cumplimiento a los
acuerdos establecidos en las audiencias públicas de las ZRC.
Iniciar y culminar los trámites de
delimitación y constitución de las Zonas de Reserva Campesina en los
territorios que las comunidades soliciten, en un término no mayor a un (1) año
a partir de la solicitud.
La financiación y ejecución de los
planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva Campesina constituidas
y las que se constituyan.
Conformación tanto del Sistema Nacional
como el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina.
Respeto y prevalencia de las figuras de
ordenamiento territorial, productivo y ambiental de las comunidades campesinas,
afrodescendientes e indígenas sobre las zonas de consolidación y recuperación,
así como aquellas de desarrollo agroempresarial.
Celeridad en el trámite de las
solicitudes de constitución y ampliación de resguardos indígenas y territorios
colectivos afrodescendientes, reconociendo sus derechos ancestrales, y en
concertación con las comunidades campesinas en los casos de coexistencia
intercultural en los territorios. Para ello, se deberá promover la constitución
de territorios interétnicos que garanticen la sostenibilidad y convivencia
pacífica de las diversas identidades culturales y territorialidades.
4. EXIGIMOS LA PARTICIPACION
EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS TRADICIONALES Y PEQUEÑOS EN LA
FORMULACION DE LA POLITICA DE EXPLOTACIÓN MINERA Y ENERGÉTICA.
Detener la concesión de títulos mineros
y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente
con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice
el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las
concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.
Respeto irrestricto a las consultas
populares sobre explotación minera ya realizadas.
Reconocimiento y formalización de la
minería artesanal, pequeña y mediana.
Definición concertada con los mineros
artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un nuevo Código de Minas y
Recursos Naturales. Redefinir los tiempos máximos para la explotación minera,
los mecanismos de mitigación de los efectos de esta actividad, los métodos para
su realización y la participación nacional y local de los réditos económicos.
Construcción de una nueva ley de
regalías que redefina la participación nacional y local de los beneficios
económicos de la actividad minera.
Realización de estudios de viabilidad
para cada uno de los proyectos de megaminería en ejecución y en proyección,
como base para la toma de definiciones frente a la realización o continuidad de
dichos proyectos. Estos estudios deben tener por base los efectos ambientales y
sociales que la ejecución de cada proyecto acarrearía, así como el
consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
Sujeción del desarrollo de producción
minera y energética a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, así como
a Planes de Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con
atención a estudios sobre vocación del suelo.
Suspender la construcción de
hidroeléctricas que afecten los territorios y comunidades campesinas, indígenas
y afrodescendientes.
Apertura de una discusión nacional sobre
la propiedad del subsuelo.
5. EXIGIMOS SE ADOPTEN MEDIDAS
Y SE CUMPLAN GARANTIAS REALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA
POBLACIÓN RURAL.
Reconocimiento por parte del Estado
colombiano de los derechos, plasmados en la Declaración sobre los
derechos de las campesinas y los campesinos aprobada por la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU y que hace trámite en la ONU, mediante la
incorporación de sus orientaciones y derechos en la legislación interna y en
las políticas públicas.
Participación efectiva y con carácter
decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que
tienen que ver con la atención a la población rural.
Otorgar el derecho al Consentimiento
previo, libre e informado a las comunidades campesinas sobre proyectos y
normativas que afecten su entorno, en lo social, lo político, lo
ambiental, lo económico y lo cultural.
Participación amplia, efectiva y con
carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la
política de producción agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones
y comunidades campesinas, a través de mecanismos definidos de manera autónoma.
Democratización real de la Federación Nacional de Cafeteros.
6. EXIGIMOS INVERSIÓN SOCIAL EN
LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, SERVICION PÚBLICOS Y
VÍAS.
Exigimos un plan progresivo para el
acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica,
media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las
comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.
Exigimos la derogatoria de la ley 30 de
1992, de educación superior, y la concertación con la sociedad de una nueva ley
que reconozca la educación como derecho fundamental y bien común, y con enfoque
diferencial.
Exigimos el nombramiento inmediato de la
planta docente calificada para la educación que requieren las comunidades
agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales.
Exigimos la derogatoria de la Ley 100 y
de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una
nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma
integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.
Exigimos la definición de un sistema de
seguridad social para campesinos, indígenas y afrodescendientes, con el cual se
otorgue pensión y aseguramiento en riesgos profesionales.
Exigimos partidas presupuestales para
inversión social en infraestructura y dotación para educación, salud,
producción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado.
Exigimos se detenga la privatización y
se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico,
agua y alcantarillado con un criterio social.
Exigimos la condonación de las deudas de
los usuarios de servicios públicos y se levanten los embargos que se han
efectuado por este motivo.
Devolución de las micro-centrales
hidroeléctricas a las comunidades.
Exigimos una nueva tabla de
tarifas justas de servicios públicos, que correspondan a los costos y no a la
especulación.
Exigimos que los acueductos
comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no
empresarial.
Exigimos la destinación de
recursos para el mejoramiento y construcción de vivienda urbana y rural.
Mientras se resuelva, el gobierno otorgará el derecho de arrendamiento mensual
a la población de los asentamientos sin vivienda y quienes están en
arrendamiento.
MESA AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
-MIA NACIONAL-
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