Memorias de la Barbarie (I). Testimonio de una infamia policial en Yumbo

Héctor Manuel Vargas Cobo, mutilado por la Policía en Yumbo, el 17 de mayo de 2021. Aquí, en su hogar. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).

EL CALVARIO DE HÉCTOR MANUEL VARGAS

Por Luis Alfonso Mena S.

Héctor Manuel Vargas Cobo, un hombre de 33 años de edad, atraviesa desde el 17 de mayo de 2021 un doloroso calvario. A las 2:30 de la mañana, en momentos en que resistía frente a la represión violenta del régimen de Iván Duque como integrante de la Primera Línea en Las Américas, municipio de Yumbo, recibió un disparo de granada aturdidora hecho por el Esmad de la Policía, el cual le cercenó los genitales. En su hogar del barrio San Jorge, hoy se encuentra, en medio de la pobreza y las necesidades, en otra resistencia, la de la sobrevivencia y la lucha contra la impunidad y la desesperanza.

Aunque es muy joven, ya es padre de tres hijos que ahora tienen 15, 13 y 8 años de edad, nacidos de su primera unión matrimonial. Venía laborando en una empresa local y con lo que devengaba pagaba el arriendo de la casa en la que habita y se alimentaba. Hoy urge la solidaridad de toda Colombia con él y con su familia.

La Alcaldía de Yumbo no le ha prestado ninguna ayuda, a pesar de que está en la obligación de hacerlo, pues es corresponsable de la represión ejercida durante aquellas 24 horas de terror oficial que padecieron los participantes en los puntos de resistencia de Yumbo entre el 16 y el 17 de mayo, represión que dejó más de 30 heridos y cinco manifestantes asesinados por el Estado. No solo debe responder la Alcaldía de Yumbo. También lo deben hacer la Gobernación del Valle del Cauca, la Presidencia de la República y sus Fuerzas Armadas.

“Coomeva (la empresa de salud a la que está afiliado) no me responde por las incapacidades, no tengo entradas, estoy pasando necesidades fuertemente en mi casa y nadie lo sabe”, nos dijo con un gesto de dolor que hiela el alma y conmueve hasta al más insensible habitante de la tierra, sentado en una silla mecedora al lado de su cama, acompañado de un pequeño gato.

Hasta el momento, Héctor Manuel solo ha contado con la solidaridad de organizaciones como el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Yumbo y algunos sindicatos, por lo que se requiere redoblar la ayuda humanitaria con él y con muchas personas que hoy soportan penurias por sus lesiones y sus condiciones de subsistencia, pues son en su mayoría gente de muy escasos recursos económicos.

Durante ocho días, Periodismo Libre y el Canal Telesur estuvimos en tres departamentos del suroccidente colombiano para dialogar con víctimas de la violencia estatal desatada contra los participantes en el Paro Nacional en Pereira, Cartago, Tuluá, Buga, Vijes, Yumbo, barrios de Cali, Jamundí y Popayán. Sus testimonios los iremos dando a conocer en la serie que hemos denominado Memorias de la Barbarie, cuya primera entrega es este artículo.

Padres, madres y familiares de jóvenes asesinados por la Policía y por civiles armados (paramilitares); personas con lesiones en diferentes partes de sus cuerpos, entre ellas los ojos, o perseguidos, detenidos y víctimas de falsos positivos judiciales hacen parte del grupo de 76 colombianos que nos dieron sus testimonios de dolor y padecimientos, pero también de conciencia social y de persistencia en la lucha contra el estado de desigualdad y opresión que padece el país. Muchos también nos contaron sus experiencias de resistencia y valentía.

Nuestro propósito es hacer visibles sus voces y sus denuncias, porque los asesinados, lacerados, violentados y perseguidos por el actual régimen tienen los rostros de la gente buena, noble y trabajadora que durante tres meses ha estado en las calles exigiendo soluciones a sus graves problemas, y ahora reclama castigo para los responsables de la barbarie protagonizada por un gobierno despótico, representante de unas clases dominantes segregadoras. Que no haya impunidad depende de todos.

El siguiente es el testimonio de Héctor Manuel Vargas Cobo, quien, a pesar de su tragedia, nos dijo al final: “Si pudiera salir a las marchas, saldría. Ahora con más ganas hay que luchar”.

“CUALQUIERA NO SOPORTARÍA ESTO”

–Héctor Manuel, recuérdenos inicialmente, por favor, qué pasó en la noche del 16 y en la mañana del 17 de mayo de 2021 en su vida.

–El día 16 de mayo estábamos en la resistencia de Las Américas, y aparecieron los señores del Esmad. Nos sometieron y siendo las 2:30 de la mañana recibí el impacto de una granada aturdidora en mis partes íntimas, que me causó amputación de pene y testículos. Eso fue lo que me pasó el 16 de mayo en mi vida. Me encuentro en proceso de curaciones y con ganas de salir de adelante.

–¿Cómo vivió esos momentos tan terribles?

–Fueron momentos de angustia porque sentir eso ahí es impresionante, eso no lo viviría cualquiera. Se siente una inmensa tristeza, uno siente que perdió la mitad de la vida. Eso es algo que me tiene pensativo, empezando por mi hogar. Es duro explicarlo, creo que cualquiera no lo soportaría.

–¿Cómo ha hecho usted para sobrellevar ese dolor?

–Cuando hablo de esto me da mucha tristeza y muchas ganas de llorar, pero hablo mucho con mi esposa y me dice que me va a apoyar, esa es la gran fuerza que tengo. De resto, no sé cómo pueda superar esto, porque en realidad es algo muy duro.

–¿Ha recibido ayuda psicológica?

–De la EPS me llamó un psicólogo, me dijo que en 15 días me llamaba y no volvió a llamar.

–En el momento que usted recibió el impacto de la granada aturdidora, ¿qué sintió?

–En ese instante yo sentí que explotó. Me dejó aturdido, medio sonso, y la impotencia de que nadie me llevaba al hospital me hizo sentir peor en ese instante, ni una ambulancia. Por ahí tengo un video de una ambulancia que paramos y no me quiso llevar. Uno se siente muy impotente en esos momentos de dolor.

–¿El ataque fue en qué punto exactamente de la geografía de Yumbo?

–No me sé la dirección bien, pero fue en la entrada de Yumbo, en la entrada del barrio, no fue ni siquiera en el taponamiento, el Esmad se metió hasta acá (barrio San Jorge) a someternos a todos, fue como a tres cuadras de la avenida principal.

–¿Usted vio cuando le dispararon?

–Eso me lo tiró uno (agente del Esmad) con la mano, como a cinco metros de distancia estábamos, se vinieron corriendo y uno de esos sacó la granada y me explotó.

–¿Cuáles eran los reclamos como Primera Línea?

–Nosotros estábamos apoyando por el futuro de los niños, de uno. Mi papá es pensionado y le iban a quitar la pensión y todo eso. Eso es una causa justa para luchar.

–¿Usted qué piensa ahora después de lo ocurrido en relación con la represión desatada por el Gobierno contra los participantes en el Paro?

–Que nos sometieron muy feo. Nosotros estamos por una causa justa. Eso nosotros no lo estamos haciendo por vandalismo ni por gusto, porque, la verdad, el país lo necesita, Colombia necesita que cambie la realidad en la que vivimos.

“EN EL DEPARTAMENTAL NO ME QUISIERON ATENDER”

–¿Cuánto tiempo tardaron en socorrerlo y quiénes lo hicieron?

–La verdad, no me socorrió nadie, mi mujer fue la que me llevó al hospital en una moto. Ella estaba por los alrededores del barrio viendo, entonces ella me llamó, yo le llegué ahí y me llevó en una moto al hospital. Me socorrieron como a las 3:30 de la mañana en el hospital de Yumbo, y luego me hicieron traslado a Cali.

–¿Dónde lo atendieron en Cali?

–Me mandaron para el Hospital Departamental, pero ahí no me quisieron recibir porque la EPS Coomeva no tiene convenio, de ahí me mandaron a la Clínica Nuestra, allá me atendieron. Me hicieron una operación el mismo 17. Debido al impacto, el pene quedó necrótico y tuvieron que amputarlo a los cuatro días, no resistió, no superó la reconstrucción. Se puso negro y tocó mocharlo. Los testículos se perdieron en el instante del impacto. Yo llegué sin testículos al hospital y con el pene destrozado. Esa fue la triste realidad.

–Usted es un hombre muy valiente.

–Eso me dice mucha gente, pero eso es duro, muy duro, no se lo deseo a nadie.

–¿Qué piensa para seguir adelante y superar este momento?

–Pienso esperar a ver cómo reacciona la medicina y ver si se puede solucionar algo. Le pido mucho a Dios que mi mujer no se decepcione. Yo creo que esa es la mayor fuerza que tengo en este momento.

–¿Qué ha dicho Coomeva, su EPS?, ¿cómo lo está atendiendo?

–Eso es una complicación para todo. Para una cita, para las autorizaciones. Es en Cali que me hacen todos los procedimientos, aquí en Yumbo no hay la capacidad para las heridas que yo tengo. Todo lo tengo que venir a autorizar acá, y eso se demora quince días. Yo salí el 2 de junio del hospital y me mandaron unas curaciones, y se demoraron 15 días para autorizármelas. Me las hicieron 15 días después, ya tenía infección debido a la demora de las autorizaciones de Coomeva. Ahí estoy perjudicado porque me mandaron cita con el anestesiólogo, primero se cumplió el plazo antes de que me la autorizaran también.

–¿Qué le exige usted a Coomeva?

–Que me preste un servicio justo. Yo soy cotizante, toda la vida he cotizado y, la realidad, cuando uno lo necesita no están para uno. Yo necesito que me colaboren con mis autorizaciones y que me hagan el proceso debido a tiempo.

–¿Hay posibilidad de una prótesis?

–Los doctores dicen que para eso hacen prótesis. La verdad, no sé muy bien del caso. El urólogo que me vio una vez dijo que me iba a hacer reconstrucción y que ahí ya terminaba el proceso, no sé cómo será, si lo reconstruyen todo de una o le ponen algo. La verdad no me ha explicado bien cómo sería, pero ellos dicen que se hace reconstrucción.

 

Héctor Manuel Vargas Cobo dialoga con Rodrigo Vargas (centro) y Jorge Calderón, del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Yumbo. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).

“QUE DUQUE ME RESPONDA”

–¿Quiénes lo están ayudando en este momento, además de su esposa?

–Los únicos que me han ayudado son los de Derechos Humanos, de resto nadie más.

–¿Qué le exige a Duque, primer responsable de la represión en todo el país?

–A Duque, que me responda por todos los daños causados, tanto físicos como mentales, porque la verdad es muy dura. Económicamente no me está alcanzando ni para las curaciones, no tengo los recursos necesarios para desplazarme porque todo es en Cali. Yo no tengo ninguna entrada. Coomeva no me responde por las incapacidades, no tengo entradas, estoy pasando necesidades fuertemente en mi casa y nadie lo sabe.

–¿La empresa con la que usted laboraba cómo se ha comportado?

–A ellos les correspondía pagarme dos días de la incapacidad, no más. Ellos me han mandado una colaboración de $600.000 en estos dos meses.

–¿Sus compañeros de trabajo se han solidarizado?

–No, mis compañeros no saben la realidad como es. De este caso son poquitas personas las que saben.

–¿A la sociedad qué le pide?

–Claro, hay que exigir. Si, yo he averiguado, y soy uno de los casos más extremos que hay. Los compañeros de Derechos Humanos nunca me han dejado desamparado.

"FUE MÁS RÁPIDA LA BALA"

–Cuando usted está al frente del policía represor y ve que va a dispararle, ¿qué hace?

–Todos corrimos, pero fue más rápida la bala.

–¿Él le estaba apuntando a usted?

–Le estaba apuntando a todos, y se nos vinieron corriendo encima.

–¿Cuántos había?

–Éramos como 50.

–¿Primera Línea?

–Sí.

–¿El único afectado fue usted?

–No, fueron más afectados, pero yo fui el más grave. Hay uno al que le pegan también en la espalda y le quedó la cicatriz, a otro se lo pegaron en un pie, y a mí en esa zona. Fuimos tres, pero yo fui el de gravedad.

–Cuando lo hieren, ¿cae al suelo?

–No, yo me quedo parado, aturdido, pero consciente y ahí mismo me arrimé donde un compañero de lucha que me socorrió porque ahí se me fueron las luces.

–¿Usted siente desde el primer momento que la agresión fue contra sus genitales?

–Si claro, fue allí. El impacto me quemó toda la ropa, me hizo una bola, me quemó todos los vellos del sector abdominal y yo me miré y vi todo desbaratado, destrozado. Yo me cogí con la mano y se me salían partes de entre los dedos. Cuando iba en la moto yo me miré y vi que las carnes se me metían entre los dedos. Eso fue muy duro. Las doctoras estaban sorprendidas, me rodeaban, me tomaban fotos, me daban fuerza y me decían que todo iba a estar bien.

–¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado?

–Quince días, hasta el 2 de junio.

–¿Después de la hospitalización lo han seguido asistiendo los médicos?, ¿cómo es su tratamiento?

– Claro, yo soy muy sensible allí. Yo no puedo medio tocarme allí porque me duele. Me mandaron curaciones dos días por semana, tengo que ir a la Clínica de los Colores a hacerme las curaciones y del Centro Médico de Yumbo me llaman a hacerme citas de control, pero allí no hay especialistas que entienden la gravedad de mis heridas. Las citas de neurólogo y eso por las autorizaciones siempre son demoradas. Eso es lo que me ha perjudicado en el proceso, la demora de la EPS. Me gustaría que me ayudaran para poder hacer mis procesos a tiempo. Es lo único que le exijo a Coomeva.

–Porque tiene que ir hasta allá…

– Sí. Me dijeron que iban a hacerme curaciones aquí en mi casa, luego me llamaron y me dijeron que no tenían doctor para este sector, no hay especialista para este sector, pero el doctor si pudo venir a visitarme acá, ¿entonces ahí como es?

“AHORA CON MÁS GANAS HAY QUE LUCHAR”

–¿Los vecinos del barrio qué han dicho?

–Los vecinos son muy colaboradores, se mantienen pendientes, gracias a Dios. Hay vecinos que son viejitos, pero me dan para comer frutica, ahí están presentes con cualquier colaboración. Cuando necesito transporte a la Clínica de los Colores, un vecino me ha llevado a las citas, porque a veces no tengo el presupuesto para pagar, pues cada carrera me vale $50.000.

–¿Qué necesita de las organizaciones sociales y humanitarias, de los sindicatos?

–Que me colaboren en lo que más puedan y no me dejen solo en este proceso que es duro, eso es lo único que yo les pido.

–¿Cuál es su mensaje al alcalde de Yumbo?

–Para el alcalde, que se ponga la mano en el corazón y sea consciente del daño que me hicieron, no solo a mí sino a muchas familias que hemos sufrido el daño. Que piense y mire en qué nos puede ayudar.

–¿Qué sigue en su vida?

–Sigo en el proceso de las curaciones y esperar a ver el día que me hagan reconstrucción de piel, porque no tengo piel allí. Lo que me quedó está sin piel, ese es el primer proceso. De ahí tienen que hacerme reconstrucción del miembro o la prótesis. Pero pues eso depende de Coomeva, porque no autoriza las cosas.

–¿Coomeva está queriendo pasar de ‘agache'?

– Sí, eso es un problema para que le den cita a uno, para que lo autoricen, todo es un proceso, tengo que meter peticiones.

–¿Ha instaurado acción de tutela?

–No. La única tutela que metí fue para las incapacidades, porque económicamente estoy pasando necesidades. La empresa me colaboró en ese sentido, porque si no, no sabría qué hacer.

–¿Continúa resistiendo a pesar de todo lo ocurrido?

–Si pudiera salir a las marchas, saldría. Ahora con más ganas hay que luchar.

–Muchas gracias, Héctor Manuel, por su testimonio.

–Muchas gracias a ustedes por venir.

(Entrevista realizada el lunes 19 de julio de 2021 en Yumbo. Publicada el lunes 26 de julio de 2021).

PERIODISMO LIBRE.

Un episodio patético que retrata la formación militar en Colombia

Una parte del contingente de exmilitares mercenarios colombianos, detenidos en Haití, después del asesinato del presidente de ese país, ocurrido el 7 de julio de 2021. (Foto: Reforma, de México).

EL TRASFONDO DE LOS MERCENARIOS EN HAITÍ

Por Luis Alfonso Mena S.

La patética escena de un grupo grande de exmilitares colombianos con el rictus de la derrota en suelo haitiano evidenciado en sus rostros refleja el desplome de la escuela militar de sello neonazi en la que han sido formados (deformados) por la cartilla gringa, la misma que han aplicado sin pudor contra el pueblo a lo largo de la historia.

Ese es el trasfondo de esta vergonzosa trama protagonizada por 26 ‘comandos’ recién salidos de batallones nacionales, pensionados a temprana edad, como privilegiados del Estado, luego de aplicar en campos y ciudades las tácticas de guerra aprendidas en los cuarteles de las Fuerzas Armadas de Colombia contra campesinos, líderes populares y demás actores sociales a los que consideran sus enemigos.

Desde hace años, militares y policías, retirados y/o pensionados a los 40 años de edad y hasta menos, cuando los demás connacionales solo pueden acceder a ese derecho a los 62 años, son enrolados en ejércitos mercenarios contratados para aplicar todo lo aprendido en los laboratorios de contrainsurgencia en Colombia, laboratorios pagados con los dineros de los impuestos sacados de los bolsillos de los contribuyentes.

Otros fundan “empresas de seguridad” y por eso pululan las ofertas de estos “servicios”, en un lucrativo negocio que se retroalimenta con las escuelas de formación del estamento militar y aportan progresivamente a la privatización de la vigilancia y a la creciente paramilitarización de la vida social, como ha quedado demostrado con la violencia de civiles armados protegidos por la Policía contra los participantes en el Paro Nacional.

La captura de 18 colombianos y el abatimiento de otros dos, de un total de 26, luego del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, deja en evidencia el oscuro negocio de la exportación de ex militares –e incluso de militares activos, como se ha denunciado recientemente–, allende las fronteras de la nación.

Por eso, resulta sintomática la rapidez con la que altos mandos del Ejército y de la Policía, así como el ministro de Defensa y otros funcionarios del régimen de Iván Duque, salieron a reconocer la vinculación hasta hace poco de los mercenarios en Haití a las FF.AA. colombianas, en un afán por desmarcarse de ellos a sabiendas de las graves repercusiones internacionales de lo ocurrido.

Es más, el consejero para la Seguridad Nacional del gobierno colombiano también se apresuró a confesar que uno de los exmilitares capturados en Haití es familiar suyo…

La experiencia acumulada en la guerra contrainsurgente y la asimilación de las formas de represión más extremas enseñadas y practicadas en las escuelas y cuarteles de la Policía y de las Fuerzas Militares se ha vuelto la carta de presentación para la contratación de estos ‘comandos’ por parte de regímenes de otros países o de conspiradores de ultraderecha, identificados con la política interna de defensa a ultranza de las peores lacras del sistema capitalista desarrollada por sucesivos gobiernos colombianos.

De ese comportamiento hacen parte la larga estela de violaciones de derechos humanos ocurrida con los ‘falsos positivos’, estrategia de crímenes de Estado que costó la vida a 6.402 inocentes, o la política sistemática de coerción practicada contra las protestas sociales en diversas etapas de la vida nacional, como ha sucedió contra el Paro Nacional, que ha dejado más de 75 personas asesinadas por fuerzas policiales y parapoliciales.

Entre los contratantes se encuentran gobiernos como los de las ultraconservadoras monarquías árabes, lo mismo que empresas particulares de Estados Unidos, para ejecutar actos subrepticios en países invadidos, como Irak.

En el mundo, los mercenarios actúan al servicio del mejor postor, para participar en operaciones encubiertas que, por lo general, se enmarcan en la guerra sucia, en acciones en las que se pretende evitar la visibilización de las fuerzas oficiales regulares para evitar su desprestigio o deslegitimación. Y en ese actuar se convierten en asesinos por la paga.

En el caso de Haití, todo indica que los contratistas resultaron involucrados en una disputa interoligárquica que les falló y cuya madeja tiene mucho hilo por desenredar.

 

CON EL ESPEJO DEL INJERENCISMO

Pero la historia de los mercenarios colombianos no es distante de la política exterior servil de los gobiernos colombianos, siempre tan abyectos a los intereses del imperialismo estadounidense.

El envío de tropas colombianas en los años cincuenta del siglo XX a Corea para ponerlas al servicio del ejército invasor gringo, agredir al pueblo coreano y contribuir en su división para satisfacer los intereses de la Casa Blanca en la Guerra Fría, es otro patético episodio de la política exterior de las elites criollas en el poder.

Eso, que podríamos calificar como el ‘mercenazgo’ estatal, es un antecedente que nutre la historia de los aventureros colombianos de la guerra en el exterior, que creen que su escuela progringa, enemiga de las causas populares y de los gobiernos independientes de las potencias capitalistas, se puede poner al servicio de las peores empresas en otros países

El caso de Haití trae a la memoria la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela hecha a través de mercenarios colombianos, auxiliados por servicios secretos, que incursionaron en 2004 contra el gobierno del presidente Hugo Chávez, contingentes paramilitares que fueron descubiertos y derrotados.

Y, más recientemente, la llamada Operación Gedeón, intento de invasión derrotado también por el pueblo y el gobierno venezolanos en mayo de 2020, una acción armada injerencista y violatoria del derecho internacional en la que tuvo participación el gobierno de Iván Duque, pues fue en Colombia, a la luz de todo el mundo, donde se entrenaron los mercenarios gringos y de la oposición de la extrema derecha venezolana que incursionaron sobre las costas del hermano país y fueron descubiertos.

De esta forma, la conspiración en Haití con la participación de exmilitares colombianos tiene más episodios por ser evidenciados, pues todo indica que Gobierno y Fuerzas Armadas saben más de lo que se han apresurado a confesar para tratar de lavarse las manos y limpiarse los camuflados, que pueden resultar más salpicados hacia el futuro.

O, ¿qué hacía en Colombia el jefe de la CIA pocos días antes del magnicidio en Haití? Que responda el Eje Bogotá-Washington, porque el imperio estadounidense y sus organismos expertos en conspiraciones, violaciones de soberanías territoriales y uso de agentes privados encubiertos para sus guerras sucias no dan puntada sin dedal.

Y en esos entramados, los mercenarios o contratistas militares o asesinos a sueldo siempre aparecen desbocados por los miles de dólares que les ofrecen para que pongan al servicio de los proditorios intereses gringos su formación de represores locales y violentos asaltantes de pueblos y territorios.

Cali, domingo 11 de julio de 2021.

(Foto: El Mundo, de España)

Los pasos del 28 de abril al 28 de junio en Cali

El 28 de abril la comunidad Misak derribó la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali, en los albores del Paro Nacional de 2021.

DOS MESES DE RESISTENCIA FRENTE A LA BARBARIE

Por Luis Alfonso Mena S.

Un hecho inesperado despertó el miércoles 28 de abril de 2021 las colinas del occidente de la urbe, poblado por condominios de estratos altos a lo largo de la Avenida Circunvalar y lugar de barrios antiguos como San Antonio y El Peñón.

Desde temprano, integrantes de la comunidad Misak estaban ya en el mirador donde por años permaneció la estatua de un homicida que señalaba al océano Pacífico con su mano derecha y de quien en los libros de la historia oficial se afirma que fue el fundador, en 1536, de la ciudad de Cali.

Sin aspavientos, con la sencillez de los hombres y las mujeres originarios que ya lo habían sometido a un proceso decolonial necesario y sentenciado al ostracismo espacial como castigo, procedieron a derribar la estatua de Sebastián de Belalcázar.

El juicio había tenido ocurrencia siete meses atrás en Popayán, cuando el 20 de septiembre de 2020 se le condenó por genocidio, despojo y acaparamiento de tierras y violación de mujeres, en los caminos que recorrió desde Quitó hasta el Valle.

Fue un acto de justicia histórica breve, pero demoledor y contundente; fue un momento de plenitud de la convicción indígena que sancionaba al depredador de las comunidades ancestrales que había pasado casi indemne por el discurrir de los tiempos.

Fueron los instantes del encauzamiento final de la resistencia que ha identificado a los pueblos nativos a lo largo de la vida colombiana, inmersos en la paciencia de quienes saben que el juicio de la historia tarda, pero llega.

Ese momento, que desencadenaría la furia de los nostálgicos de la “conquista” española, se convertiría en un gesto premonitorio e inusitadamente simbólico de los días trepidantes y multitudinarios que se avecinaban para Cali y el Valle del Cauca: el levantamiento de la juventud popular en todo el departamento.

Comenzó ese miércoles –con Sebastián de Belalcázar derrumbado de su pedestal, solo sostenido camino al precipicio por una barra de hierro– una extraordinaria gesta de resistencias de la gente joven jamás pensada por los convocantes del Paro Nacional y, mucho menos, por la apoltronada élite dueña de los destinos de la región, en el poder heredado por los siglos de los siglos, que creyó, ignorante y déspota, que todo volvería a la normalidad al día siguiente, como había ocurrido tantas otras veces.

Fue como si los misak hubieran iniciado el tejido del hilo rebelde y justiciero que seguirían zurciendo miles hasta llegar a Puerto Resistencia, para erigir allí la obra colectiva antítesis del ícono del puñado neocolonial caleño, que hasta a la Fiscalía ha recurrido para someter a los valientes del 28 de abril.

 

El monumento a la Resistencia, una obra colectiva de artistas y pobladores del oriente de Cali, en Puerto Resistencia, confluencia de barrios populares de la urbe, inaugurado el domingo 13 de junio de 2021.

LA BALA POR LA ESPADA

Pero, recorridos 59 días de luchas en las calles y los barrios, el sábado 26 de junio las fuerzas armadas del poder rancio y apolillado quisieron cortar de un tajo aquel hilo multicolor y pluriétnico en una Cali a esas alturas ya terriblemente dolida y ensangrentada, con 46 muertos por balas estatales y paraestatales y con miles de lacerados por la violencia del gobierno de Iván Duque y sus mensajeros del horror.

Ese sábado, también en la madrugada, centenares de policías y militares de camuflado, acompañados de burócratas envalentonados del gobierno local, uno de ellos (el secretario de “Seguridad”, ¡vaya ironía!), con pistola al cinto como en el oeste estadounidense, tuvieron en la mira de fusiles y ametralladoras; de drones y tanquetas; de remolques y retroexcavadoras, el Monumento a la Resistencia: solo esperaban órdenes para demolerlo ese mismo día.

Al comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León, uno de los jefes del asalto contra Puerto Resistencia, se le notaban las ansías por derrumbar este símbolo de la lucha popular, y lo anunció a quienes lo entrevistaron en los primeros momentos del operativo, seguramente porque así lo tenían previsto quienes planificaron la incursión: militares, policías y funcionarios de la Alcaldía de Jorge Iván Ospina, encabezados por un excoronel, Carlos Javier Soler, el mismo de la pistola al cinto.

El Monumento a la Resistencia no fue elaborado por un artista remunerado y solitario, como ocurre con casi todas las estatuas y obras similares instaladas en plazas y parques, sino construido por una comunidad creativa y solidaria que, en menos de dos meses, quiso hacer imperecedero su homenaje a las víctimas de la nueva barbarie, la cometida por el Estado colombiano entre el 28 de abril y el 28 de junio (y días sucesivos) contra el Paro Nacional de 2021.

Porque la respuesta del gobierno de Iván Duque fue desde el principio la brutalidad: la espada del invasor español, derrumbado por el juicio de la historia en el oeste de las familias adineradas de Cali, fue reemplazada por las pistolas y los fusiles de policías y civiles armados amparados por otros policías; las granadas de gases lacrimógenos y de aturdimiento dirigidas contra los ojos de los manifestantes; las golpizas torturadoras –en público y en celdas–; los chorros de agua azotadores; las balas de goma focalizadas en cabezas y pechos de los que protestan; las violaciones sexuales, las desapariciones, las detenciones arbitrarias: la otra barbarie, la continuidad de la devastación traída por el imperio invasor hace siglos, recalzada.

Puerto Resistencia, como rebautizó la población a un amplio sector antes llamado Puerto Rellena, está compuesto por barrios del suroriente caleño como Villa del Sur, José Holguín Garcés, República de Israel, Unión de Vivienda Popular, La Selva, Mariano Ramos, y en una esplanada de acceso a estas comunidades de trabajadores, desempleados y miles y miles de muchachas y muchachos fue forjado el monumento, con las ideas, los planos, la imaginación, los aportes y la fuerza de trabajo de decenas y decenas de seres de los barrios de Cali.

Finalmente, el gobierno local no se atrevió a sostener lo que muy probablemente ya había decidido en secreto: destruir el monumento, convertido en paradigma de la resistencia en Colombia y en América Latina. Echó reversa. Sabía la provocación y la infamia que ello comportaba. No se atrevieron a tanto.

Sin embargo, el paramilitarismo latente en la élite oligárquica de Cali sigue siendo una amenaza, la comunidad del suroriente lo sabe y por eso está presta a defender esa conquista simbólica y políticamente de gran significado en el camino de construcción de fuerza y solidaridad popular.

Los "camisas blancas", en Ciudad Jardín, extremo sur de Cali, listos para actuar contra la Minga Indígena, el 9 de mayo, con la complicidad de la Policía.

EMBOSCADA CONTRA LA MINGA

Parte de la clase empresarial caleña, tradicionalmente excluyente y segregadora, y nada exenta de nexos con capitales mafiosos, sacó las uñas en esta coyuntura, no solo por su racismo grotesco, sino por su afán violento, que usó en el complot preparado contra la minga movilizada por el Comité Regional Indígena del Cauca, Cric, hacia Cali a principios de mayo, y cuya presencia contribuyó a generar un ambiente de seguridad en las manifestaciones populares y en puntos de concentración juvenil.

Al parecer, el actuar solidario y de contribución a la organización comunitaria desarrollado por la miga indígena enardeció los odios de la autodenominada “gente de bien”, luego conocida también como los “camisas blancas”.

Una conjunción de arrogancia de clase e ignorancia supina de la historia hizo que la élite caleña no superara el gesto simbólico del 28 de abril ocurrido con la estatua de Belalcázar, y que sacara a relucir sus peores prevenciones contra los pueblos indígenas, pues no abandona el despotismo y la discriminación ignominiosa que han hecho tristemente célebres a multimillonarias familias de la región.

El domingo 9 de mayo habitantes y dirigentes de Ciudad Jardín y de condominios de su entorno, integrados en la Comuna 22, se complotaron contra la minga que pasaría por la Avenida Cañasgordas ese día, y convirtieron esta zona, una de las más lujosas y exclusivas de Cali, en todo un laboratorio del odio racial y escenario de ataques de secta “blanca” y pudiente contra las comunidades indígenas. Pocos días después, quince cuadras más adelante, ese laboratorio de odio y agresión explotaría contra otra comunidad, la estudiantil.   

En horas de la mañana de ese domingo aparecieron por primera vez en los días del Paro los “camisas blancas”, al lado de sus ostentosas camionetas también de color blanco, portando armas de corto y largo alcance, las mismas que blandieron y dispararon a la vista de todos en varios puntos de la Cañasgordas contra la delegación del Cric y sus líderes que se dirigían por esa vía hacia la Universidad del Valle.

Doce integrantes de la minga fueron heridos a balazos por la “gente de bien” de Ciudad Jardín, entre ellos Daniela Soto, lideresa indígena que recibió dos impactos de arma de fuego en su abdomen y permanece en delicada situación salud.

El accionar de los civiles armados se produjo al lado de decenas de policías que los protegían con complicidad cínica, la misma connivencia que se repetiría 19 días después, en el trágico viernes 28 de mayo, cuando la Calle 100 entre carreras 13 y 16, de esta zona también, se vio inundada por los nuevos paramilitares urbanos que, en otra planificada emboscada, esperaron una multitudinaria manifestación de jóvenes procedentes de Siloé para agredirla.

De nuevo el odio racista y de clase se confundía con las ansias de venganza de quienes se presentaban como los redentores del extremo sur rico de Cali, dotados con fusiles y ametralladoras, identificados con camisas blancas (una vez más) y negras, y varios mostrando su afán por cazar muchachos, sedientos de sangre del pueblo, de juventud rebelde.

Se sentían a sus anchas, disparaban en manada, como si la ciudad fuera su particular campo de safari, y detenían estudiantes para golpearlos y humillarlos –como le ocurrió al joven músico de la Universidad del Valle Álvaro Herrera Melo, obligado a autoincriminarse como “vándalo” bajo tortura en una estación de Policía–, antes de dejárselos a los patrulleros de la Fuerza Pública destinados en el lugar, que obraban como mandaderos de los paracos urbanos.

Fue un acto vergonzoso que aún permanece impune, porque contra civiles armados y policías cómplices no hay procesos de ninguna índole que se conozca, y ahora andan de vacaciones.

 

Sebastián Jacanamejoy, joven del pueblo inga, asesinado por el Estado colombiano en el punto de resistencia del barrio Meléndez, sur de Cali, el viernes 28 de mayo de 2021.

MÉLENDEZ Y YUMBO: SANGRE INDÍGENA

El actuar represivo de policías y particulares armados el 28 de mayo, cuando se cumplió el primer mes del Paro Nacional, dejó la terrible cifra de 14 personas asesinadas solo en Cali, varias de ellas jovencitos de Siloé que aparecieron incinerados en un almacén del barrio, y dos muchachos acribillados a balazos en el punto de resistencia de Meléndez, además de otros dos en el espacio de protestas conocido como La Luna.

Uno de los jóvenes asesinados en Meléndez –barriada popular situada en los prolegómenos de la ostentosa Ciudad Jardín, y también muy cerca de la Universidad del Valle– fue Sebastián Jacanamejoy, perteneciente al pueblo inga, quien se hallaba en el lugar brindando solidaridad.

Pereció por disparos de la policía que incursionó en el lugar en horas de la noche, luego de la cacería de ciudadanos protagonizada por los paras urbanos. En el mismo espacio fue asesinado Jhonatan David Basto Goyeneche, estudiante de bachillerato, de 19 años de edad.

La sangre indígena ya había sido derramada antes, el domingo 16 de mayo en Yumbo, la zona industrial más grande del Valle, donde la población padeció horas de terror a manos de la policía, que buscaba infructuosamente derrotar los cuatro puntos de resistencia juvenil surgidos allí.

En esa incursión la policía mató a Jhon Alexander Chagüendo Yotengo, joven de 22 años perteneciente al territorio ancestral nasa Pitayó, de Silvia, Cauca, quien recibió varios impactos de arma de fuego.

Fue una de las 16 personas sacrificadas por el establecimiento en municipios del Valle del Cauca, las que, sumadas a los 46 asesinados en Cali, arrojan la espantable cantidad de 62 muertos a manos del régimen de Duque en el departamento, el 82% de los 75 asesinados en todo el país hasta el 30 de junio en la represión contra el Paro. Una barbarie.

Sangre indígena en Cañasgordas, en Meléndez, en Yumbo… Con ella y con la de tantos otros jóvenes caídos, las élites regionales intentaron romper el hilo que empezó a tejer la comunidad indígena el 28 de abril en las colinas del occidente de Cali, pero no lo lograron.

A pesar de tantos muertos y mutilados, de tantos detenidos y desaparecidos, la barbarie oligárquica no ha podido derrotar la resistencia de la juventud popular.

Jamundí, jueves 1 de julio de 2021.

Jhon Alexander Chagüendo Yotengo, joven de la comunidad indígena nasa de Pitayó, asesinado por el Esmad de la Policía, el domingo 16 de mayo de 2021, en un punto de resistencia en el municipio de Yumbo, vecino a Cali.

(Este texto fue publicado inicialmente en el periódico El Colectivo, de la ciudad de Medellín, edición No. 65, correspondiente al mes de julio de 2021).

El pueblo responde a quienes pretenden borrar la historia

Luego de la cruzada fascistoide del domingo 4 de julio contra los murales libertarios de Cali, el pueblo respondió con más resistencia.

CALI ES COLOR Y LUZ, NO LAS TINIEBLAS FASCISTOIDES

Por Luis Alfonso Mena S.

Una de las líneas que identifican a los fascistas es su odio a todas las expresiones de la cultura, la diversidad y la vida popular.

Esa ha sido su traza a lo largo de la historia: ejercen el discurso único de su clase de privilegiados, la segregación racial, la uniformidad gris disfrazada de orden y la muerte como mecanismo predilecto frente al contrario.

El fascismo es la manera de actuar de las fracciones más extremistas de la derecha, defensoras acérrimas del sistema capitalista de desigualdad y exclusión social imperante, y de las peores formas de violencia contra la otredad.

Su violencia económica va aparejada con la física, militarista y, además, con la simbólica, y por eso atenta contra la cultura progresista y libertaria.

Es lo que hace ahora la avanzada fascistoide del uribismo en Cali pagando para hacer desaparecer los murales llenos de color y luz que denuncian los feminicidios, los falsos positivos y la violación de los derechos humanos en paredes y avenidas de la urbe. 

El fascismo es, como lo recordara hace años el líder obrero búlgaro Jorge Dimitrov, “la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero”.

En palabras del mimo Dimitrov, quien soportara con valentía la cárcel del nefasto régimen nazi-fascista, éste “es el sistema de gobierno del bandidaje político, un sistema de provocaciones y torturas… es la crueldad y la barbarie medievales, la agresividad desenfrenada” contra los pueblos.  

Esa definición aplica hoy plenamente a lo que ha venido ocurriendo en Colombia, y de manera brutal en Cali, en donde los métodos fascistoides, del autoritarismo exacerbado, han derivado en la barbarie contra la juventud en resistencia.

Fundado por Mussolini y continuado por Hitler (nazismo) Primo de Rivera (falangismo) y Franco en Europa, y practicado por Trujillo, Stroessner, Pinochet, Videla, Banzer, Bordaberry, Somoza y demás dictadores en América, desde el Siglo XX hasta hoy el fascismo emplea sus garras totalitarias y sanguinarias contra las luchas liberadoras de los pueblos.

En Colombia, procedimientos fascistas han sido usados por el Estado y sus agentes civiles (‘pájaros’, paramilitares y demás denominaciones de matones), en los regímenes conservadores de los años cuarenta del siglo pasado, la dictadura de Rojas Pinilla (1953-1957), el Frente Nacional (1958-1974), el mandato de Turbay Ayala (1978-1982), el gobierno Álvaro Uribe (2002-2010).

Muchas de las prácticas fascistas las sigue utilizando el Estado en el régimen de Iván Duque contra los participantes en el Paro Nacional de 2021: asesinatos, torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, violaciones y demás formas de represión sistemática y oprobiosa.

Los neofascistas del uribismo, cómplices de los “camisas blancas” que a lo largo del Paro han estado disparando contra el pueblo en la más completa impunidad y con el amparo de la policía, creen que pintando las paredes de gris, como hicieron el domingo 4 de julio, pueden hacer desaparecer la historia.

Al estilo de los camisas pardas de la cruzada anticomunista hitlerianos del siglo XX, en el siglo XXI los nostálgicos del nazi-fascismo usan también la consigna anticomunista en camisas blancas.

La historia de los violentados y perseguidos sigue viva y el pueblo de Cali volverá a cubrir el gris de las tinieblas del régimen uribista con más color y más luz y más arte.

Y con más poesía, música, baile, teatro, danza y tantas otras expresiones de la esencia humanista de los caleños.

Ya lo viene haciendo con la programación denominada El Jardín de la Vida, un bello espacio de arte y cultura que rinde homenaje a la memoria de las 46 vidas de jóvenes sacrificadas en Cali por la represión del régimen de Duque y que reclama respeto al derecho a la protesta.

(Luego de las dos primeras jornadas, cumplidas el 18 de junio y el 2 de julio en el Parque de los Poetas, El Jardín de la Vida tendrá la tercera el viernes 16 de julio, en el Centro Cultural del barrio El Pondaje, Carrera 28D # 70–91 de Cali, de 5:00 p.m. a 7:00 pm.).

El pueblo de Cali seguirá ejerciendo su derecho a existir y a expresarse, aunque el neofascismo criollo levante la bandera gris de las tinieblas y de la muerte.

Cali, martes 6 de julio de 2021.

PERIODISMO LIBRE.

El uribismo, tapando con pintura gris los murales de denuncia elaborados por artistas caleños en semanas precedentes. Ocurrió en la Calle 5 con Carrera 1 de Cali, el domingo 4 de julio.

 

Los murales con la denuncia social volverán a ser pintados, en una gran jornada convocada para el martes 20 de julio.

Un aspecto de la segunda jornada de El Jardín de la Vida, un espacio por el derecho a existir y a la protesta en Cali, cumplida el viernes 2 de julio en la Plazoleta de los Poetas. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).

Descontento social sin tregua en Colombia

ANÁLISIS DE LOS DOS MESES DE PARO NACIONAL EN COLOMBIA, POR LUIS ALFONSO MENA S. EN HISPAN TV

Colombia: dos meses en busca del camino

LUIS ALFONSO MENA S. ANALIZA EN RT EL ESTALLIDO SOCIAL A LO LARGO DE LOS DOS MESES DEL PARO NACIONAL EN COLOMBIA

En Cali, Colombia, El jardín de la vida

A 60 DÍAS DEL PARO LA RESISTENCIA SIGUE EN COLOMBIA EN NUEVAS FORMAS DE LUCHA Y DENUNCIA

Presenta Eliécer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. 

Un espacio popular y juvenil por el derecho a la protesta y a existir.  

María Teresa Mueses, líder social del oriente de Cali.

Alberto Palomino, líder cívico y comunicador social.

Luis Alfonso Mena, periodista e historiador.

Operativo de guerra contra Puerto Resistencia, provocaciones y detenciones

Aspecto del despliegue policial en Puerto Resistencia el sábado 26 de junio de 2021. (Foto: Jahfrann).

UN RÉGIMEN SEDIENTO DE VENGANZA

Por Luis Alfonso Mena S.

A través de sus agentes locales, el régimen de Iván Duque dio inicio a una feroz venganza contra la juventud y las comunidades de Cali que han resistido en calles y barrios durante los dos meses del Paro Nacional, que se cumplieron este lunes 28 de junio de 2021.

La más alevosa de esas operaciones comenzó a las cuatro de la madrugada del sábado 26 de junio, cuando un impresionante contingente calculado en mil hombres de fuerzas combinadas de Ejército y Policía incursionó sobre Puerto Resistencia, en el suroriente de la ciudad, para tratar de destruir este punto de lucha juvenil y popular, convertido en ejemplo de combatividad y persistencia en el Paro.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Juan Carlos León, lanzó toda clase de señalamientos y sindicaciones contra este epicentro de lucha popular en Cali, hasta las más inverosímiles, y el secretario de “Seguridad y Justicia” de la Alcaldía, Carlos Javier Soler, un coronel retirado recientemente nombrado en el cargo, apareció insólitamente con pistola al cinto, como si hiciera parte del operativo armado, en actitud de provocación que originó el repudio de miles de caleños.

Recién iniciado el operativo, y luego de no encontrar nada de lo que al parecer buscaban para saciar su venganza judicial contra la comunidad en el punto, el general León, sin tener autoridad para ello, anunció que el Monumento a la Resistencia, erigido en homenaje a las decenas de víctimas de la represión del régimen contra la juventud, sería demolido.

El monumento, inaugurado el domingo 13 de junio de 2021, es una obra colectiva en la que participaron decenas de artistas y personas de la comunidad caleña, es también un legado que trasciende las fronteras de Cali y se ha convertido en símbolo del Paro Nacional y de la solidaridad a lo largo de toda Colombia y Latinoamérica.

El anuncio del comandante de la Policía reveló las intenciones de la clase dirigente de la capital del Valle del Cauca, que desprecia el sentimiento popular, ha generado un ambiente de estigmatización contra la protesta juvenil y promueve ahora, a través de nuevos funcionarios de corte uribista nombrados por el alcalde Jorge Iván Ospina para congraciarse con la ultraderecha, la criminalización de la protesta.

Sin duda, el despliegue de guerra contra Puerto Resistencia, con hombres de camuflado portando fusiles y ametralladoras, acompañados de tanquetas, drones y sobrevuelos de helicópteros en la oscuridad de la madrugada sabatina, tenía todas las intenciones de generar terror entre la población y de dar la sensación de sometimiento de una comunidad para beneplácito de la galería más reaccionaria de la ciudad, que todos los días, usando sus medios masivos tradicionales de comunicación, reclamaba el levantamiento de los puntos de resistencia juvenil a como diera lugar, a sangre y fuego si fuera preciso.

 

Los mandos policiales y militares y los funcionarios de la Alcaldía que dirigieron el desproporcionado operativo y recibieron el rechazo de la comunidad. (Foto: Redes sociales).

“FUERA, FUERA”

Pero el operativo constituyó una derrota para esa rancia oligarquía caleña, cuyo desproporcionado aparataje armado policial y militar no encontró ni los “arsenales” que esperaban para desacreditar la resistencia, ni los “nidos” de delincuencia con los que todo el tiempo han desinformado y tratado de desprestigiar la lucha popular.

Por el contrario, los organizadores del operativo recibieron el repudio masivo de los pobladores de los barrios que circundan este amplio sector popular del sur oriente caleño, que no dudaron en ir ante los ocupantes de su territorio a increparles por su montaje.

“Con nuestro monumento no se metan, lo defenderemos de principio a fin, es una construcción de toda la comunidad y ustedes no tienen ninguna autoridad para derrumbarlo”, opinaba la gente que fue despertada por los tambores de guerra de los centenares de hombres invadiendo un territorio de lucha y de resistencia.

“¡Fuera, fuera, fuera!”, gritaba a los contingentes de las Fuerzas Armadas y a la burocracia de la Alcaldía de Cali la comunidad que madrugó a defender no solo el Monumento a la Resistencia sino también el espacio de solidaridad mantenido a lo largo de dos meses de Paro.

Fue de tal magnitud el rechazo de la población, que el alcalde Ospina no tuvo más remedio que pronunciarse desmintiendo que se hubiera dado la orden de destruir el monumento, aunque quedó en evidencia que fue la respuesta popular la que derrotó la provocación y la venganza oligárquica en Puerto Resistencia, a pesar de la planificada agresión.

 

El coronel (r) Carlos Javier Soler, secretario de Seguridad y Justicia, con su pistola al cinto. (Foto: Redes sociales).

EL SECRETARIO DE LA PISTOLA

Ante la aparición en Puerto Resistencia del secretario de “Seguridad y Justicia” con pistola al cinto, cual sheriff gringo, se produjeron numerosos pronunciamientos de rechazo. “Un funcionario público no debe intimidar a los ciudadanos ostentando un arma, menos en un lugar de protesta social que era víctima de un ataque policial y del ejército donde debe guardarse la prudencia que no tuvo al exhibirse en forma agresiva”, declaró Alberto Jairo Palomino, dirigentes político y social en Cali.

Al rechazar el acto de provocación del funcionario, el jurista Armando Palau Aldana recordó, además, que “el permiso de porte de armas está suspendido desde el 1o. de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 por el Decreto 1808 de 2020”, y reiteró que, en consecuencia, Soler violó la prohibición expedida por el mismo gobierno del cual es emisario en Cali.

Por su parte, James Larrea, defensor de derechos humanos, sostuvo que no es dable que “un secretario u otro funcionario en ejercicio de sus labores, preste sus servicios con pistola al cinto y con la intención de desenfundar al menor indicio que a él se le ocurra”.

“El mensaje inequívoco es que el gobierno de Ospina apoya la colaboración de civiles armados en acciones represivas de la policía”, manifestó el exfiscal José Élmer Montaña, quien subrayó que “en momentos en que tenemos brotes de paramilitarismo en el sur de la ciudad, esto alienta la conformación de este tipo de organizaciones”.

La Unión de Resistencia de Cali, URC, se pronunció exigiendo la renuncia de Carlos Javier Soler al cargo de secretario de “Seguridad y Justicia”, y explicó que la posición del funcionario “no permitirá encontrar una salida dialogada y pacífica a la realidad de la ciudad. El paro continúa, nuestras asambleas permanentes continuarán, nuestra lucha es en las calles y exigimos garantías para el ejercicio de nuestro derecho constitucional”.

 

Operativo de guerra contra una población pacífica, en el suroriente de Cali. (Foto: Redes sociales).

SED DE SANGRE

Ya el lunes 21 de junio la Policía, utilizando al Esmad y a otro de sus escuadrones preferidos en la represión 2021, el Goes (Grupos de Operaciones Especiales), había arremetido en la tarde y la noche contra los jóvenes de Puerto Resistencia, especialmente en inmediaciones del barrio Villa del Sur.

En la represión, decenas de habitantes de los barrios circunvecinos resultaron afectados por los gases lacrimógenos, las granadas aturdidoras y el estruendo de las armas de fuego disparadas por la policía.

La jornada dejó otro joven asesinado, identificado como Juan Carlos Arce, un hecho trágico que aumentó la cifra de homicidios contra participantes en el Paro a 46 en Cali y a 60 en todo el Valle del Cauca.

Y mientras en Cali ocurría esto, en otros puntos del país se registraban más homicidios perpetrados por la Fuerza Pública en la represión de la protesta, como sucedió en Bogotá, donde perdieron la vida por balas oficiales Jaime Alfonso Fandiño, en Usme, y Edward Castillo.

 

Contingentes como para una guerra, una operación represiva e inverosímil. (Foto: Redes sociales).

DETENCIONES A GRANEL

La venganza contra la resistencia juvenil emprendida por el aparato represivo del Estado, a través de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas, incluye detenciones de jóvenes a los que sindican de toda clase de delitos, en una aplicación clasista y selectiva de supuesta “justicia”, en Cali y Yumbo.

Uno de los detenidos es Yeison Fabián Muñoz Narváez, cuya familia informa que es un joven que está siendo procesado judicialmente por un delito que no cometió en los hechos acaecidos el 28 de mayo en el sector de La Luna, donde pereció un agente de la Fiscalía luego de que el funcionario asesinara a dos manifestantes. Los familiares del joven Muñoz solicitan solidaridad de la comunidad caleña y asistencia jurídica.

La Red de Derechos Humanos Francisco Javier Ocampo Cepeda, entre tanto, denunció la detención sin orden judicial de tres jóvenes de Paso del Aguante: Carolina Montaño Cuero, Cristián Andrés Cortes Ortiz y Jhon Michel Cardona Jaramillo. “Alertamos sobre la detención arbitraria, la seguridad personal y los posibles falsos positivos judiciales en contra de los manifestantes”, dice el pronunciamiento de la Red.

Por otro lado, desde Yumbo el Comité Municipal del Paro Nacional denunció la captura de tres activistas de la protesta en el barrio Juan Pablo II, identificados como José James Cabezas Quiñones, Sebastián Neuta y Diego Luis Tascón, y sostuvo que la Sijin de la Policía construyó un montaje judicial a través de un supuesto testigo anónimo para inculpar a los detenidos de lesiones contra un agente que el 29 de abril disparó públicamente contra los participantes en el Paro, a la altura del barrio La Estancia.

“Tal como sucedió con los compañeros manifestantes del corregimiento de Dapa, se trata de un nuevo montaje de la Policía Nacional para judicializar la protesta social en Colombia”, aseveró el Comité.

En el cúmulo de detenciones también se encuentran privados de la libertad en la cárcel de Palmira los jóvenes Kevin David Cerón Díaz, Jeison Andrés Caicedo Ortiz y Jeison Andrés Ospina Monsalve, manifestantes de Paso del Aguante (Paso del Comercio).

 

Facsímil de la sentencia de tutela a favor de la Unión de Resistencias de Cali.

TUTELAS AVANTES

Las resistencias han estado acompañadas no solo de la perseverancia de los jóvenes en las calles, sino también del esfuerzo de destacados líderes sociales y de juristas, que ha transmitido a las nuevas generaciones de luchadores sus conocimientos y experiencia.

Dos ejemplos ilustran lo anterior: el primero es el de Rodrigo Vargas Becerra, presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Yumbo, veterano líder social que se formó en las luchas obreras de los años ochenta y noventa y quien ha estado a lo largo de los dos meses del Paro de 2021 al lado de los muchachos expresando su solidaridad y aportando luces para el devenir de la brega social.

Vargas Becerra logró que una tutela impetrada por él exigiendo el respeto al derecho a la protesta fuera aprobada mediante sentencia judicial, y acaba de obtener también que la autoridad judicial exija al alcalde de Yumbo y a la gobernadora del Valle que la tutela se cumpla, pues de lo contrario operará la sanción correspondiente al desacato.

El otro ejemplo es el del abogado Armando Palau Aldana, experto en derecho del medio ambiente y en derecho administrativo e integrante de la Asociación Americana de Juristas, quien ha venido asesorando a la Unión de Resistencias de Cali de manera altruista e igualmente solidaria.

Palau Aldana logró que este lunes 28 de junio el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profiriera una sentencia mediante la cual “se amparan los derechos fundamentales a la protesta pública y pacífica así como el debido proceso de los accionantes, la Unión de Resistencias Cali”, y, en consecuencia, se dejara “sin efectos la orden de la Jueza 16 Administrativo de Cali de suspensión del Decreto Distrital 304 de 2021 que adoptó garantías para la construcción de acuerdos” e institucionalizó la mesa de diálogo.

“El Tribunal consideró que la suspensión ordenada por la Jueza 16 no cuenta con soporte constitucional suficiente en una etapa temprana del proceso de nulidad y la limitación de derechos e intereses que conlleva resulta más gravosa para los derechos fundamentales de todas las personas que quieran sumarse al diálogo en el marco del conflicto”, explicó Palau Aldana.

De esta forma, en el Valle del Cauca la resistencia también se expresa en la lucha jurídica, que respalda la protesta pacífica de la juventud y el pueblo que continúan en el Paro Nacional.

Cali, lunes 28 de junio de 2021.

Facsímil de la apertura de incidente de desacato, fallado a favor de la tutela que protege el derecho a la protesta en Yumbo.

Dos imágenes del monumento a la resistencia, inaugurado el domingo 13 de junio de 2021, en inmediaciones de la autopista Simón Bolívar, suroriente de Cali. (Fotos: Redes sociales).